Precedentes a favor y en contra

El informe de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados sobre la petición de Baltasar Garzón dejó abierta la puerta tanto a la entrega de la documentación al titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional como a la denegación de esa petición y el envío de la información parlamentaria a la Fiscalía General del Estado.

El informe jurídico presentaba los siguientes antecedentes del caso:

- Síndrome tóxico. El Congreso remitió al juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional las publicaciones correspondientes sobre trabajos parlamentarios relacionados con la investigación sobre el envenenamiento masivo con aceite de colza adulterado.

- 'Caso Rumasa'. El Tribunal Supremo pidió testimonio literal del informe emitido por la comisión que investigó el caso Rumasa. El Congreso envió el diario de sesiones que recogía la deliberación sobre las conclusiones de la comisión.

- Sectas. Distintas peticiones de órganos jurisdiccionales sobre los trabajos parlamentarios en relación con distintas sectas que operaban en España fueron satisfechas por el Congreso.

- 'Caso Banesto'. La Mesa del Congreso decidió trasladar en varias ocasiones la documentación solicitada por juzgados de Madrid (números 13 y 17) que instruían el caso Banesto, que también investigaron los diputados en una comisión.

- 'Caso Roldán'. El Tribunal Supremo solicitó, a petición de un juez madrileño, la documentación sobre las comparecencias que tuvieron lugar en la comisión de investigación sobre la gestión del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. En este caso, la Mesa del Congreso decidió dar traslado de esa documentación al Ministerio Fiscal. Los reparos que se pusieron entonces para denegar la documentación se basaban en que la comisión de investigación tenía carácter secreto y aún no había concluido sus trabajos.

Los servicios jurídicos de la Cámara recuerdan que la investigación sobre el fraude del lino no tuvo carácter secreto.