Absuelto de prevaricación el rector de la Universidad Rovira i Virgili

La magistrada considera que los dos acusados, sin ánimo de perjudicar, 'aplicaron lo que creían correcto', en referencia a la normativa que regula las pruebas de acceso a la universidad aprobadas por el Consejo Interuniversitario de Cataluña. Aun así, la juez María José Gago reprende al equipo rectoral por su actuación. Existieron 'despropósitos administrativos', asegura, cuando los procesados 'deberían haber actuado con suma escrupulosidad'. Sin embargo, la juez considera que esta actuación no puede encuadrarse en el delito de prevaricación que prevé el Código Penal y por el que el fiscal solicitó en el juicio ocho año años de inhabilitación para cada acusado.

Los profesores de Lengua y Literatura española de la URV, Josefina Albert y José María Fernández, enviaron por separado sendos escritos al Defensor del Pueblo tras ocurrir los hechos. La primera denunció el desarrollo de las pruebas de selectividad porque se negaron exámenes en castellano a alumnos y Fernández cuestionó la constitucionalidad de la normativa que regulaba esas pruebas. La sentencia constata que los acusados no contrastaron el escrito inicial del Defensor del Pueblo con las quejas de los profesores. 'Ni recabaron, ni tan sólo solicitaron su parecer sobre lo sucedido', critica la juez.

Albert se ausentó del aula para fotocopiar y entregar exámenes en castellano a dos alumnos, actuando en contra de la normativa, por lo que fue excluida. No está probado, según el tribunal, que el coordinador de las pruebas prohibiese la entrega de exámenes en castellano a los alumnos, tal y como sostuvo Albert durante el juicio. Aun así, la juez defiende y justifica la actuación de Josefina Albert argumentando que de esa manera 'garantizó los derechos fundamentales' de los dos alumnos que solicitaron exámenes en castellano. El tribunal asegura que la decisión de apartar a los profesores fue tomada por el equipo rectoral basándose 'en lo que creían correcto, sin que conste certeramente que existiera un ánimo de perjudicar' a los dos profesores y 'no considerando que dicha normativa podía ser ilegal'. Josefina Albert fue readmitida para la corrección de pruebas al año siguiente.

La sentencia ha dado oxígeno a un equipo rectoral que ha vivido dos años de angustia ante este proceso, aunque la polémica por el uso del catalán en esa universidad no es nueva. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya anuló buena parte del reglamento de usos lingüísticos del centro por discriminar el castellano. Ayer, sin embargo, el rector Arola afirmó que para él 'la historia se ha acabado', aunque el abogado de Josefina Albert anunció que recurrirá la absolución ante la Audiencia de Tarragona.

Satisfacción unánime

Todos los partidos políticos catalanes acogieron con satisfacción la sentencia y coincidieron en señalar que nunca pensaron que la vía penal fuera la más apropiada para ventilar ese caso. Dolors Nadal, del PP, se felicitó de que la justicia obligara en su día a cambiar el reglamento de usos lingüísticos del centro. Del mismo modo, el Gobierno de CiU se sumó a esta reacción y lamentó que el caso haya dado 'una imagen falsa de conflictividad lingüística en las universidades catalanas'.

El juicio contra Arola e Igual derivó en un acto nacionalista, cuando el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell y 14 rectores desfilaron por las calles de Tarragona y acabaron en la sala donde iba a celebrarse la vista cantando Els segadors, el himno de Cataluña. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, censuró esa actuación y afirmó que pretendía presionar a la juez al dictar sentencia.