Examen en septiembre

Los dos partidos mayoritarios han suspendido la asignatura de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha quedado aplazada hasta nuevo examen en septiembre. El veto del PP a la candidata que había propuesto el PNV, la diputada Margarita Uría, degeneró en la ruptura de todos los preacuerdos alcanzados tanto para el Poder Judicial como para el Tribunal de Cuentas. El argumento de que no es conveniente que haya un trasvase directo entre representantes de diversos poderes del Estado -en este caso, del legislativo al judicial- merece ser valorado y podría incluso recogerse en una especie de código suscrito al menos por los dos partidos mayoritarios, que están obligados a ponerse de acuerdo para alcanzar la mayoría parlamentaria de tres quintos exigida para el caso. Pero introducirlo en pleno desarrollo de las negociaciones, cuando el partido que invoca este principio lo ha vulnerado en multitud de ocasiones, suena a veto nominal.

Es cierto que en la primera lista consensuada por el PP y el PSOE no figuraba la candidata de los nacionalistas vascos. Los socialistas trataron de corregir ayer este error estratégico, que después de quince años dejaba al PNV fuera de una de las instituciones básicas de nuestro sistema constitucional. Para ello propusieron ceder uno de los siete puestos que les correspondían. El PP mantuvo su rechazo por tratarse de una diputada. En idénticas circunstancias, los populares no tuvieron empacho en 1996 en apoyar al también diputado nacionalista Emilio Olabarría. Claro, que eran otros tiempos y Aznar gozaba entonces de un pacto de legislatura con el PNV. Hoy, incluso más que entonces, hay razones de peso para que el PNV no quede fuera del Poder Judicial por un criterio que no figura en ninguna norma escrita y que se invoca con carácter coyuntural.

La oferta socialista de ceder uno de sus puestos al PNV no dejaba de tener, en todo caso, una cierta carga envenenada para el partido del Gobierno. Le colocaba en la obligación moral de ceder uno de los suyos a su aliado Coalición Canaria, que en otro caso se convertiría en el único grupo parlamentario sin representación propia en el CGPJ. Pero el PP dejó establecido desde el principio que bajo ningún concepto estaba dispuesto a ceder la mayoría absoluta en el nuevo Consejo, donde se reserva diez vocales y la presidencia en un órgano que cuenta con 21 miembros. Ni siquiera en favor de su socio de legislatura.

El lamentable espectáculo que han protagonizado dos partidos que suman el 88% del Congreso de los Diputados (308 escaños sobre 350) deja en la estacada a todo el colectivo judicial, que ha cumplido contrarreloj el calendario que les exigieron los políticos precisamente para renovar el Poder Judicial en su totalidad antes del verano. Para este viaje podían haber habilitado los meses de verano para que los jueces, sobre todo los independientes, hubieran podido reunir con mayor comodidad las firmas que les exigía el procedimiento reglado. Lo peor de todo es que el espectáculo de los políticos puede perpetuarse en septiembre si el verano no les hace moverse de sus actuales posiciones.