El Gobierno judicial, en lista de espera

El acuerdo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la base de 15 jueces y magistrados -uno de ellos destinado a presidente- y otros seis juristas dejó a estos 21 preconsejeros del Poder Judicial compuestos... y sin órgano de Gobierno de los jueces. Ocurrió el pasado 24 de julio, día en el que correspondía sustituir al CGPJ. El motivo de la ruptura fue la falta de acuerdo sobre un vocal del PNV, que el PSOE quería que fuese Margarita Uria, diputada peneuvista en el Congreso, y el PP se negaba. Sobre el resto hubo un amplío acuerdo que tendrán que ratificar los dos partidos tras las vacaciones de agosto.

El presidente pactado es Francisco José Hernando Santiago, de 65 años, abogado de profesión y actualmente magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al que accedió como jurista de prestigio en 1986, durante el mandato del CGPJ presidido por Antonio Hernández Gil.

Aunque Hernando no es magistrado de carrera, ha defendido con ardor el fuero del Tribunal Supremo y, en las asambleas de jueces de este tribunal, ha sido uno de los más activos partidarios de protestar, incluso ante el Rey, frente a las correcciones de que ha sido objeto por parte del Tribunal Constitucional.

Además de Hernando, la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial pactada por el PP y el PSOE, incluye otros 14 jueces, dos fiscales, dos catedráticos, un abogado y un notario.

De los 14 jueces, 12 superaron el nuevo sistema de elección, consistente en la obtención de los votos o avales judiciales necesarios, mientras los otros dos, al no figurar entre los 36 candidatos propuestos por los jueces, han sido asumidos por el cupo de 'abogados y otros juristas de reconocida competencia'.

Dos jueces 'repescados'

Los dos jueces repescados como juristas tienen ambos 41 años, y uno de ellos, Eduardo Ortega Martín, magistrado de la Audiencia Nacional y también fiscal, ha presidido la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. Ortega no obtuvo los votos necesarios de sus compañeros de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero lo propuso el Partido Popular.

El otro juez repescado es José Antonio Alonso Suárez, ex portavoz de la progresista y minoritaria Jueces para la Democracia (JpD), cuyos asociados no le dieron los votos suficientes para figurar entre los propuestos como candidatos jueces, por lo que el PSOE le rescató como jurista.

De los otros 12 jueces y magistrados, siete fueron propuestos por el PP, cuatro por el PSOE y uno conjuntamente por ambos partidos: Agustín Azparren Lucas, de 48 años, juez decano de Oviedo, magistrado no asociado, que obtuvo 176 avales.

Seis de los siete jueces propuestos como tales por el PP pertenecen a la APM: su ex portavoz, José Luis Requero Ibáñez, de 41 años, de la Audiencia Nacional; Juan Pablo González González, de 40 años, decano de Bilbao; Fernando Fernández Martín, de 37 años, decano de Madrid; Enrique Míguez Alvarellos, de 64 años, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Adolfo Prego de Oliver Tolivar, de 50 años, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y Enrique López López, de 38 años, ex letrado del CGPJ.

Tres de los cuatro jueces propuestos por el PSOE en el cupo de jueces pertenecen a JpD: Fernando Salinas Molina, de 54 años, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; Javier Martínez Lázaro, de 47 años, de la Audiencia de Madrid y ex dirigente de JpD, y Montserrat Comas de Argemir Cendra, de 47 años, de la Audiencia de Barcelona y ex portavoz de JpD.

Los otros dos jueces propuestos respectivamente por el PP y el PSOE ofrecen dos coincidencias: ambos fueron directores generales de Justicia de sendas comunidades autónomas y se presentaron como no asociados.

El PP propuso a José Lázaro Merino Jiménez, de 41 años, que obtuvo 96 avales y ha sido director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, y el PSOE a Juan Carlos Campo Moreno, de 39 años, ex director general de Justicia de la Junta de Andalucía, que obtuvo 89 avales.

Otro emparejamiento de vocales de distinto signo es el de la fiscal jefe de Guadalajara y ex presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Ángeles García, propuesta por el PSOE, y el magistrado del Supremo Adolfo Prego, propuesto por el PP.

Unidos por el 'caso Tomey'

García apreció en 1998 indicios del delito de falsedad en el senador del PP y presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Tomey, mientras que Prego, a quien correspondió investigar el caso, lo archivó en 1999.

En el cupo de juristas, el PSOE propuso, además de a los ya citados Alonso y García, a Luis Aguiar Luque, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid.

El PP, por su parte, propuso, además de al ya mencionado Ortega, a Faustino Gutiérrez-Álviz, catedrático de Derecho Procesal de Sevilla, y a Javier Laorden Ferrero, abogado especializado en Derecho Tributario.

Los dos vocales restantes fueron propuestos uno por CiU, el notario José Alfons López Tena, y otro por IU, el fiscal de menores de Madrid Félix Pantoja, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales.

Aunque la negociación se cerró inicialmente sin vocales propuestos por el PNV ni por Coalición Canaria, la candidatura de la jurista y diputada del PNV Margarita Uría fue el detonante para dejar hasta septiembre una negociación que tuvo otros episodios de tensión a propósito de la renovación del Tribunal de Cuentas y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Por lo que se refiere al CGPJ, en el actual Consejo, que inició su mandato en 1996 -cuando el PP necesitaba el apoyo de los nacionalistas-, figuró como vocal Emilio Olabarría, ex diputado del PNV. En el CGPJ de 1990 el vocal propuesto por el PNV fue el juez Wenceslao Díez Argal, y en el que inició su mandato en 1985, el catedrático Adrián Celaya.