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Las obras del trasvase del Ebro al arco mediterráneo comenzarán en dos años

El 30% del acueducto se financiará con fondos de cohesión y de desarrollo regional de la UE

El calendario establecido por el Ministerio de Medio Ambiente para poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional (PHN) prevé iniciar las obras de su proyecto estrella -el trasvase del río Ebro hacia Barcelona por el norte y hasta Almería por el sur- durante el primer semestre del año 2003, según el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández. En este momento se trabaja en la definición del trazado a pequeña escala. El próximo año se dedicará íntegramente al estudio de impacto ambiental, de manera que puedan iniciarse las obras de inmediato.

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Gráfico animado:: El Plan Hidrológico Nacional

El Ministerio de Medio Ambiente está persuadido de que poner en marcha el trasvase Ebro-Mediterráneo tendrá menos problemas de ejecución que cualquier otra infraestructura hidráulica importante, en la que su tramitación requiere al menos cinco años. Hace unos días se firmó el convenio para construir el acueducto Júcar-Vinalopó, que firmaron la ex ministra Isabel Tocino y el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, a comienzos de 1997. Las negociaciones con los regantes y los cambios del trazado por su impacto ambiental han retrasado cuatro años el inicio de las obras.

En el caso del trasvase del Ebro, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, ve el horizonte más despejado, pese a la tenaz oposición de Aragón y de las tierras del delta del Ebro: 'Contamos con un anteproyecto a escala 1/50.000 sobre el posible trazado con algunas alternativas aún no resueltas que atraviesan zonas problemáticas desde el punto de vista ambiental. Estamos en el proceso de identificar dónde se va a hacer la toma del agua [hay dos opciones: entre Cherta y Tortosa y otra entre Tortosa y Amposta]. Esta discusión la tendremos resuelta antes de terminar el año'.

La fase más compleja del proyecto no es técnica, sino su adaptación al entorno natural. Este proceso llevará un año, aunque es 'difícil de precisar', según Fernández. 'Vamos a ver qué argumentos se ponen encima de la mesa y las alegaciones al estudio informativo. El proceso se podrá resolver a lo largo de este año. A partir de ahí procederíamos a cerrar los proyectos para licitar las obras a partir de 2003'.

Fernández no teme que prospere ninguna de las iniciativas jurídicas o de presión contrarias al trasvase. 'En mi opinión', dice, 'no afectarán en nada al procedimiento. La ley es conforme a derecho. No tenemos niguna duda de que en el Tribunal Constitucional o cualquier otra instancia judicial vaya a haber discusiones. Me parece muy bien que intenten torpedear el proceso si lo consideran oportuno, pero no lo van a conseguir. No hay ninguna razón de fondo. No tiene sentido que, por la utilización de aguas excedentarias, ni el Gobierno de Aragón ni ninguna otra zona se planteen los debates que se han planteado. Todos salen beneficiados. ¿A quién le perjudica que 1.000 de los 6.000 hectómetros cúbicos que el Ebro ha desaguado al mar entre octubre y febrero vayan a garantizar los abastecimientos de Barcelona o los regadíos del sur? Estamos respetanto absolutamente la normativa nacional y la comunitaria en su tramitación'.

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En cuanto a la financiación del trasvase, el secretario de Estado estima que un 30% de los 700.000 millones de su coste se hará con cargo a fondos Feder y de cohesión, en función de la renta per cápita de las autonomías que atraviese la obra.

Fernández asegura que, después de un largo periodo de debate con los usuarios (regantes, autonomías), el Ministerio ha logrado desbloquear muchos convenios en los que se comprometen inversiones superiores a los 300.000 millones de pesetas. Ayer se firmó el acuerdo de cesión al Estado del embalse de Alarcón, hasta ahora privado, que servirá de eje para la gestión del Júcar y el trasvase Tajo-Segura. El ministro de Medio Ambiente ha encargado al secretario de Estado la coordinación de ministerios para diseñar la estrategia de desarrollo sostenible de España, que deberá estar elaborada para cuando ocupe la presidencia de la UE el año próximo.

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