'El Plan Hidrológico está pensado sólo para resolver los problemas de la costa de Levante''

El debate sobre el Plan Hidrológico Nacional ha centrado el primer año de su mandato. Concepción Gutiérrez (Jaén, 1954) apostó por un discreto diálogo, pero el Gobierno central apenas ha asumido sus propuestas. En las últimas semanas, ha acelerado la producción legislativa de su departamento, atascada desde la pasada legislatura.

Pregunta. Tras meses de conversaciones y contactos, el PP acaba de dar carpetazo al Plan Hidrológico Nacional en el Senado y sus propuestas apenas han tenido cabida... ¿Le ha servido de algo tanto debate a la Junta?

Respuesta. El debate ha servido para que en Andalucía se den pasos significativos hacia un consenso sobre cuáles son las prioridades en la política de agua, que se ha formalizado en el Consejo Andaluz del Agua. Pero, sí, el Plan es una norma insuficiente tanto para cubrir los déficits hídricos de Andalucía como para avanzar en fórmulas que permitan controlar la demanda. Hay que seguir insistiendo para lograr del Gobierno central los mecanismos necesarios para cubrir esos déficits.

El Gobierno tendrá que hacer una nueva ley para el trasvase del Guadiana II al Guadalquivir'

P. El Plan sólo considera prioritario el trasvase del Ebro ¿Se ha descolgado definitivamente la transferencia del Guadiana II al Guadalquivir, que reclamaba la Junta?

R. Es imprescindible hacer aportes de agua al Guadalquivir desde el Guadiana II, el trasvase se acabará imponiendo en el futuro. En una primera fase, desde aguas españolas para cubrir déficits sobre todo en el entorno de Doñana. Será totalmente factible cuando se finalicen las obras en Guadiana II, habrá recursos de sobra en esta cuenca [unos 270 hectómetros cúbicos]. La segunda fase depende de que se adapte el convenio con Portugal; el propio Consejo Nacional del Agua emitió una recomendación en este sentido.

P. Pero el Plan cierra la política hidráulica hasta 2008...

R. Lógicamente, el Gobierno tendrá que hacer otra ley para ese trasvase.

P. En la cuenca del Sur, la Junta quiere más desalación y la reutilización de aguas, que el Gobierno central estima secundarias. ¿Con el trasvase de 90 hectómetros cúbicos anuales desde el Ebro se cubren las necesidades de Almería?

R. La desalación es una técnica cada vez más eficiente y el trasvase del Ebro va a tardar en ser efectivo para Almería, por lo que también seguimos exigiendo la necesidad de medidas-puente, algo que asumió el Consejo Nacional del Agua y que no ha reflejado la ley. Hay sectores económicos muy fuertes en Almería y la Costa del Sol cuya viabilidad depende de que se garantice el abastecimiento.

P. El Plan sí incorpora la exigencia de planificar ante posibles sequías, pero el margen de maniobra de la Junta, en todo caso, parece exiguo.

R. Vamos a hacer propuestas para que se realicen los planes de gestión en las cuencas, y se empiecen a crear ya las juntas de usuarios de acuífieros, los instrumentos para controlar y medir las aguas subterráneas y algunos otros, como los bancos públicos de agua, que se pueden desarrollar en la futura Ley andaluza de Aguas.

P. Apostó por el diálogo para lograr acuerdos similares a los de Extremadura y Castilla La Mancha, pero los acuerdos no vinieron ¿repetiría estrategia?

R. El diálogo siempre es bueno aunque es verdad que el Gobierno no parece dispuesto a incorporar nuestras propuestas. Y eso que no eran muy costosas [300.000 millones sobre los 700.000 previstos para Andalucía], poco más de un tercio de las que pactó el PP con CiU para Cataluña. Ahora hay que continuar con el diálogo, pero también con medidas de presión social.

P. Ya, pero si sus datos se confirman, en la próxima sequía, aunque tarde lo suficiente como para que estén acabadas todas las obras del Plan Hidrológico, volverá a haber problemas.

R. El Plan sólo está pensado para resolver con un trasvase los problemas de la costa de Levante. Andalucía ha conseguido incorporar matizaciones con la declaración del estado de sequía que permitirán establecer indicadores objetivos. Pero entiendo que las obras fundamentales para garantizar el abastecimiento corresponden a la Administración central.

P. ¿Y la transferencia de la cuenca del Sur?

R. Es una cuenca intracomunitaria y como tal un objetivo absolutamente irrenunciable. El proceso de discusión sobre la valoración de los servicios y las inversiones que deben venir tiene que reabrirse. Y también el de la cogestión de la cuenca del Guadalquivir, que discurre en un 98% por Andalucía, para atajar los problemas de esa cuenca en la gestión de la demanda de agua.

P. En las últimas semanas se han dado pasos en la tramitación de dos normas, la ley de Carreteras y el proyecto de ley del Suelo, que estaban pendientes desde la pasada legislatura.

R. La ley de Carreteras ya ha sido aprobada por el Parlamento y ahora lo que estamos haciendo es el catálogo de carreteras y el plan andaluz de carreteras. Hay trabajos muy avanzados, no sólo en el apartado legislativo. En la gestión, se ha seguido con los proyectos de autovías que había en marcha con importantes contrataciones este año, así como con el impulso a unos planes de conservación de la red viaria, en los que casi hemos duplicado la inversión.

P. La oposición considera que esos planes chupan mucha inversión por la mala calidad de la red autonómica...

R. Lo primero que habría que decir es que esta comunidad tiene un programa propio de construcción de autovías, al final de esta legislatura vamos a estar en torno a los 1.000 kilómetros, más que la suma de todas las autovías autonómicas del resto de las comunidades. Y compatibilizamos ese esfuerzo con mejoras y planes de conservación de la red básica. Y la ley establece que la red secundaria es competencia de las diputaciones provinciales, lo que hace la comunidad es colaborar con ellas.

P. En el proyecto de ley del Suelo se apuesta por intermediarios privados para forzar la salida al mercado de suelo o la rehabilitación de edificios ¿No teme que los propietarios planteen problemas jurídicos?

R. Estas figuras de intermediación, se han desarrollado ya en la Comunidad Valenciana, se ponen al servicio de los Ayuntamientos para que puedan actuar en caso de que haya un suelo en el que haya inactividad del propietario para desarrollarlo urbanísticamente, o para ponerlo en el mercado. En la ley hay toda una serie de procedimientos, con publicidad y transparencia, que garantizan los derechos de los propietarios. En nuestro ordenamiento, el derecho de la propiedad no es absoluto, tiene una limitación social. Con la figura del agente edificador y el rehabilitador también se busca recualificar los centros de las ciudades, que se van deteriorando como consecuencia del traspaso de residentes al extrarradio.

P. El proyecto de ley potencia la intervención de la Junta si los Ayuntamientos no actúan ante irregularidades urbanísticas... ¿Con la ley aprobrada se habrían evitado casos como el de Marbella?

R. Esas medidas disciplinarias se desarrollan para colaborar con los Ayuntamientos y hacen referencia a edificaciones que se hacen sin licencia municipal y definen a qué actuaciones, por su especial gravedad, vamos a prestar más atención. El caso de Marbella es distinto, porque el Ayuntamiento si da licencias y lo que se discute es su legalidad. Aquí, el ámbito de discusión es el contencioso-administrativo o, en último caso, el penal.