Rambla prohíbe nuevos gastos y adelanta cinco meses el cierre del presupuesto de la Generalitat de 2001

El ejercicio presupuestario de la Generalitat de 2001 pasará a la historia no sólo por ser el último expresado en pesetas sino por su excepcionalidad y corta duración. La Consejería de Economía anticipó ayer con la publicación de una orden en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el cierre contable de las finanzas autonómicas. Según la propia orden, este adelanto es extraordinario y obedece a la inminente puesta en marcha del euro como moneda única a partir de 2002. Lo que en la práctica puede considerarse un cierre anticipado de la cuentas públicas autonómicas, abiertas sólo a gastos y compromisos excepcionales cuando restan todavía cinco meses de ejercicio, lo justifica también la consejería que dirige Vicente Rambla por la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública y del proyecto Econòmic, a partir de enero del año próximo. 'El euro, el plan contable y el Econòmic exigen, dada la complejidad de los procesos, que el proceso de cierre presente especialidades que ya quedaron apuntadas en la vigente Ley de Presupuestos, por la que se reduce el plazo que, para imputar las obligaciones al ejercicio (...)' recoge el DOGV.

La excepcionalidad de la orden, que se publica cada año para regular el cierre presupuestario, se confirma si se compara con lo aprobado el año anterior. La orden correspondiente al ejercicio de 2000 se publicó el 15 de noviembre, cuatro meses más tarde que la de este año.

Con la disposición publicada ayer por el DOGV, la Generalitat podrá recibir sus ingresos con normalidad hasta diciembre, debiendo transferir la recaudación de la última quincena de diciembre el 28 de ese mes.

La regulación de los gastos es absolutamente restrictiva y concede de plazo hasta el 3 de septiembre.

Los expedientes administrativos para acometer cualquier nuevo gasto se deberán presentar antes del 3 de septiembre. La partida presupuestaria que no esté clara a partir de esa fecha ya no podrá reasignarse mediante una modificación de crédito. Sólo quedarían exentas de esta limitación aquellas resoluciones sujetas a sentencias judiciales y las que se financian con fondos finalistas.

El resto de gastos necesarios para dar cobertura presupuestaria a compromisos contraídos o de interés general, estarán sujetos exclusivamene a la autorización del consejero de Economía, Vicente Rambla. Las arcas autonómicas, tanto los ingresos como los gastos, quedan a partir de ese momento bajo el control del titular de las finanzas de la Generalitat.

Quedan también excluidas de los plazos y requisitos establecidos por la orden la tramitación de las ayudas de Feoga-Garantía en la Comunidad Valenciana, que dispondrán hasta el 28 de diciembre para concluir los trámites, y todas las actuaciones presupuestarias que requiera el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), la agencia de colocación pública valenciana, heredera de las competencias del Inem. Por último, Economía 'prohíbe', un término inusual en este tipo de órdenes, la autorización a todas las consejerías de 'cualquier acto administrativo cuya ejecución implique gasto público' y que no se atenga a los plazos marcados por esta orden. Las consejerías deberán enviar antes de 20 días al departamento de Rambla una relación detallada de los convenios o subvenciones comprometidas antes de la publicación de la orden de ayer, que pasarán bajo el exclusivo control de Hacienda.

Un año difícil

La orden de Economía corona un ejercicio presupuestario complicado para las finanzas del Gobierno valenciano. La Generalitat se encuentra en la actualidad entre las tres autonomías españolas más endeudadas, con un billón de pesetas de deuda, lo que equivale al 70% del presupuesto de este año.

El presupuesto correspondiente al año 2000 se liquidó con un ligero déficit, concretamente de 10.000 millones de pesetas, aunque la partida de ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores se elevó hasta los 367.000 millones. En marzo de este año, Hacienda había desechado el cobro de facturas por valor de 8.400 millones de pesetas y sólo había logrado ingresar en sus arcas pagos pendientes por un total de 7.700 millones de pesetas.

La caja de la Generalitat ha acusado este estrangulamiento en los ingresos, ya que la Administración valenciana gasta con arreglo a las previsiones de cobros que no acaban nunca de recibirse, lo que a finales de marzo generó un déficit de caja que rozaba los 277.000 millones de pesetas, que se cubre habitualmente con la emisión de deuda a corto plazo.