El Consejo de Estado se queja de su corto plazo para dictaminar la ley universitaria

El Consejo de Estado se queja en el dictamen potestativo sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades, aprobado el pasado jueves, de la prisa con la que el Gobierno le ha hecho elaborar un dictamen sobre la futura norma. El máximo órgano consultido del Estado señala: 'De acuerdo con el contenido de la orden de emisión se emite el dictamen con carácter de urgencia, aunque no quiere dejar de manifestarse que, dada la importancia del asunto y su trascendencia social, hubiera sido deseable disponer de un mayor plazo para su emisión, lo que razonablemente hubiera permitido acceder a las numerosas solicitudes de audiencia formuladas ante el Consejo de Estado'.

Este organismo había recibido el pasado miércoles 11 peticiones de audiencia para explicar su postura sobre este anteproyecto, de las que sólo pudo aceptar las dos primeras por razones de tiempo, la del Gobierno vasco y la del Principado de Asturias. Entre las denegadas se encontraba la solicitada por los rectores de las seis universidades madrileñas, en nombre de todas las españolas; así como las realizadas por numerosas comunidades autónomas y otras universidades a título individual para dejar constancia de que suscribían la solicitud de las madrileñas. El pasado jueves todavía seguían llegando peticiones de audiencia al consejo.

Lluvia de solicitudes

Según fuentes consultadas, la lluvia de solicitudes para intervenir en el consejo fue uno de los motivos que llevó a la Comisión Permanente (formada por ocho consejeros, el presidente y el secretario general) de este organismo a incluir la queja sobre los plazos en el texto definitivo, ya que no aparecía en el borrador de dictamen presentado a esta comisión por la sección séptima del consejo, la que se ocupa de elaborar los informes relacionados con los temas educativos.

Este órgano señaló también en el texto emitido sobre la futura ley que ve innecesario el cese masivo de los actuales rectores y claustros para la aplicación de la futura ley, con la consiguiente creación de un periodo constituyente de dos años (como pretende el Gobierno). El consejo sostiene que es más razonable establecer una 'mera adaptación al nuevo régimen' legal con plazos más dilatados a los que quiere establecer el Ejecutivo.

Los rectores aplaudieron la pasada semana el contenido del dictamen, así como los socialistas. Los primeros habían acusado al Gobierno de intentar 'vengarse' de ellos por la oposición de las universidades al contenido del anteproyecto de ley. En el último texto que se presentó al Consejo de Universidades no figuraba el cese de los claustros y los rectores, por lo que éstos no conocieron esta medida. Según la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, 'el dictamen del consejo confirma que se trata de un intento de venganza en toda regla'.