El PSOE cede un vocal en el Poder Judicial al PNV si el PP deja de vetar a Martínez Noval

PP y PSOE se han concedido mutuamente un paréntesis durante este intenso fin de semana de actos políticos para reconducir las negociaciones frustradas para renovar hasta 36 cargos institucionales del máximo nivel. Ni el viernes ni el sábado se produjeron llamadas, encuentros, reuniones o contactos bilaterales. Sí hubo múltiples declaraciones públicas para tomarse la medida de hasta dónde estaban dispuestos ambos partidos a mantener la firmeza de sus posiciones.

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el PP se trasladaba ayer también la necesidad de reabrir mañana mismo las conversaciones para intentar salvar algo la mala imagen de politización de la justicia ofrecida durante esta frenética semana de transacciones y cuotas.

Los máximos interlocutores en esta negociación por parte del PP y del PSOE, Javier Arenas y Jesús Caldera, que son quienes han desempeñado el papel más duro y los que más castigados han salido del fracaso, se emplazaron ayer a través de los medios de comunicación para mañana. El PSOE trasladará entonces al PP una nueva oferta.

Caldera descansará hoy de las intensas jornadas vividas esta semana en el Congreso que culminaron el viernes y el sábado en la Conferencia Política del PSOE. Mañana hará llegar a Arenas una contraoferta que califica 'de buena fe'. La hará, además, con el mandato de la reunión que celebró el viernes en la Conferencia Política la nueva Ejecutiva Federal del PSOE, bajo la inspiración del líder, José Luis Rodríguez Zapatero: los socialistas no pueden dejar fuera de un órgano tan relevante como el Consejo del Poder Judicial a un partido tan básico para vertebrar España como el PNV.

El PSOE está dispuesto a dar uno de sus siete vocales en el Consejo al PNV, y en concreto a la diputada Margarita Uría, sin exigir siquiera una cesión al PP en ese órgano para integrar a Coalición Canaria. Fórmula que llegó a plantearse, sin embargo, en jornadas precedentes sin éxito. El PSOE entiende que es imprescindible que el PNV esté en el Poder Judicial, algo que también demandan IU, CiU y hasta determinados miembros del Gobierno del PP, que valoran además en este supuesto la capacidad profesional y moderación de la candidata Uría.

Los problemas de Uría Arenas, sin embargo, ve negativo que Uría llegue al Consejo desde su escaño en el Congreso. El PP, en ese sentido, preferiría otro aspirante menos político del PNV, que en el anterior Consejo ya incluyó al diputado y portavoz de Justicia Emilio Olabarraría.

Esta propuesta no exige nada a cambio en el Poder Judicial. Ni siquiera que el PP pierda o reduzca su mayoría absoluta, con 10 vocales de los 20 a renovar, más el presidente. La solución para contentar también en ese aspecto a Coalición Canaria llegaría por mantener en el Consejo al aspirante de consenso político sin afiliación a ninguna asociación judicial que llegó avalado en primer lugar por 178 firmas de sus compañeros, Agustín Azparren. Este juez, radicado en Oviedo y con buena sintonía para el PP y para el PSOE, tiene antecedentes familiares canarios. CC celebró en la noche del viernes una reunión para asumir ese candidato como propio y así le hizo llegar directamente al interesado su beneplácito. Con esa propuesta, todos los partidos con representación parlamentaria tendrían voz de alguna forma en el Consejo.

El PSOE sí exige al PP que no vete a nadie en el resto de los órganos. Esa proclamación genérica esconde en realidad la demanda de que el PP no rechace, como ya ha hecho evidente hasta el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, al ex ministro y ex portavoz parlamentario Luis Martínez Noval para una de las vacantes del Tribunal de Cuentas. Los 12 vocales de este Tribunal tienen prorrogado su mandato desde diciembre. En este caso, siete le corresponden al PP y cinco al PSOE.

Los socialistas propusieron cinco aspirantes muy políticos (Noval, el ex candidato a la Junta de Castilla y León Jaime González, el senador Lluís Armet, el ex diputado Ciriaco de Vicente y una experta, Ana María Pérez Tórtola). El PP pidió que rebajasen esa candidatura de cuatro políticos puros a dos. El PSOE primero se negó, argumentando como algo irrenunciable que haber representado a España era un mérito más. Luego aceptó algunas concesiones, incluso la de borrar de esa lista a Noval.

Si el PP deja de vetar a Noval, el PSOE asumiría 'con dolor' el nombre del magistrado conservador Roberto García Calvo, que fue gobernador civil antes de la aprobación de la Carta Magna y miembro del Movimiento, para el Constitucional.