Una urbanización de Sagunto sobre un marjal se convierte en la próxima 'batalla' ecologista

Espoleados por los últimos éxitos cosechados en los tribunales en el caso Massamagrell, tanto en la vía penal (tras la orden del Supremo de reabrir la causa) como en la contenciosa (el TSJ declaró el enclave como no urbanizable), los activistas de Agró están dispuestos a plantar batalla para que el marjal de Almenara, humedal que afecta a seis municipios entre las provincias de Castellón y Valencia, no pierda ni una sola hectárea más de sus valores naturales.

La lucha ecologista será dura, puesto que el suelo afectado por la promoción Residencial Marina de Almardà esta calificado como urbanizable por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992 y el Ayuntamiento de Sagunto aprobó hace un mes en pleno el plan de actuación integral (PAI) G-2, el que afecta al marjal. Es más, la última propuesta del Consell a la Unión Europea sobre los lugares de interés comunitario (LIC) para integrar la futura Red Natura 2000 ha excluido de sus límites, respecto a la lista enviada hace sólo tres años, la zona urbanizable del valioso humedal, con lo que la Consejería de Medio Ambiente ya ha definido su postura de no defender el enclave. El consejero, Fernando Modrego, asegura que los valores del marjal ya están incluidos en el perímetro protegido y resta importancia a los del polémico enclave.

Sin embargo, Agró cree firmemente que la zona, en la que crece un endemismo valenciano, el Thalictrum maritimum (ruda borde o de marjal en su nombre vulgar), posee una riqueza natural indudable que no se puede perder. 'A pesar de que el marjal tiene una extensión de 1.500 hectáreas, la consejería se ha dejado fuera cuatro o cinco ullals', explica desde Agró Enric Amer, 'se han dejado fuera más de 500 hectáreas puesto que han cogido sólo el límite de las hortalizas, sin tener en cuenta que hay muchos campos de naranjas que están sobre el marjal'. Pero lo que más critica Amer es que la consejería, en contra del criterio ya asumido por los jueces, haga prevalecer el planeamiento sobre el valor ambiental.

Para Agró, la tesis correcta es que si un enclave es un humedal ha de recalificarse como suelo no urbanizable de especial protección. Y no al revés, como ha hecho, a juicio de Amer, la consejería: 'Como es suelo urbanizable deciden quitar esas hectáreas de la zona húmeda y del LIC propuesto a la UE'. De hecho, apenas hace un año, el 8 de febrero de 2000, la propia consejería emitía un informe técnico de la sección de Espacios Naturales desfavorable a la solicitud del ayuntamiento de tramitar la cédula de urbanización de la zona. En el informe oficial se recordaba que la zona entraba dentro del marjal de Almenara, que se hallaba, 'de acuerdo con la Directiva Europea de Hábitats, en la lista de lugares y zonas de interés de la Red Natura 2000' y que hasta 'existe una propuesta en la zona para la tramitación de una microreserva de flora con el fin de conservar su singularidad por parte del Servicio de Protección de Especies de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio'.

Un año después, la posición de la consejería es distinta, el proyecto urbanístico sigue adelante y hasta los promotores han metido las máquinas en los terrenos. Según Agró, sin licencia de obras y con el único objeto, de momento, de eliminar todo vestigio de vegetación natural. Así, Amer explica que un día después de que el pleno del ayuntamiento aprobara el PAI de la urbanización, se plantaron en la finca para catalogar la vegetación, y encontraron el valiosísimo (en todo el mundo sólo se encuentra en la franja costera entre Cabanes y L'Albufera) Thalictrum maritimum y varias especies de Limonium, aunque harían falta análisis más finos para aclarar si entre ellas se hallaba la escasa saladilla fina (L. angustebracteatum).

Días más tarde, los promotores roturaron la zona más salvaje y con más vegetación de marjal (el viernes pasado un tractor insistía en arar la zona). Amer asegura que incluso ya han empezado a vender apartamentos, parcelas y adosados sin avisar a los compradores de que carecen de licencia y de que hay una denuncia penal y un contencioso por resolver en los juzgados.