La fiscalía investiga denuncias por 'desatención' y 'trato vejatorio' en una casa refugio de maltratadas

La Fiscalía de Madrid investiga varias quejas por 'desatención' y 'trato vejatorio' formuladas por mujeres maltratadas atendidas en la casa refugio que regenta la Confederación de Asociaciones Vecinales del Estado Español (CAVE) mediante un convenio con la Comunidad. Diez de las 20 internas fueron en busca de ayuda al centro del Insalud de la zona, que transmitió sus quejas a la CAVE y a la Dirección General de la Mujer. Al no observar cambios, las mujeres acudieron a la Coordinadora de Barrios, que ha presentado una denuncia. La CAVE niega las acusaciones y afirma que algunas empleadas de la casa están usando a las internas en sus enfrentamientos con otro sector del personal.

Antonio G., coordinador médico del centro de salud que atiende esta casa refugio (cuya ubicación es secreta por razones de seguridad), ha recibido en los últimos ocho meses a 'unas 10 o 12' mujeres que acudían a él por separado, 'con gran malestar', para quejarse de la situación que vivían en este cobijo para víctimas de la violencia doméstica. 'Decían que la comida era mala y que faltaba limpieza, pero, sobre todo, se quejaban del trato recibido y aseguraban que no se les apoyaba', explica este médico, que lleva 11 años en este centro de salud.

'En el último trimestre de 2000 vinieron tres o cuatro mujeres. Nos preocupamos porque llevamos atendiendo esta casa refugio desde siempre y nunca habíamos tenido una situación así. Yo mismo me entrevisté con la ex directora de la casa, y la gerencia del Área 11, a la que pertenecemos, transmitió a la CAVE lo que las mujeres nos decían', explica. 'La CAVE no nos contestó, pasaron los meses y seguían llegando mujeres quejándose, hasta un total de 10 o 12, sin que se percibiesen mejorías. Así que el área escribió, hace dos meses, a la Dirección General de la Mujer, sin que tengamos respuesta', añade.

'Las mujeres mostraban una tensión y un desasosiego que nunca pueden ser buenos para quien se intenta recuperar del trauma del maltrato. Aun en el supuesto de que la mayoría de las denuncias fueran infundadaa, el malestar de estas mujeres se debe a algo que hay que investigar', concluye Antonio G.

Seis internas, ya desesperadas, recurrieron también hace dos meses al sacerdote Enrique Castro, portavoz de la Coordinadora de Barrios, una entidad que apoya a grupos desfavorecidos, y acudieron a la fiscalía, que ha recogido ya varios testimonios sobre este asunto.

Expulsión

La Coordinadora de Barrios presentó el 10 de julio una denuncia por 'tratos vejatorios, desatención y amenazas' en el Juzgado de Instrucción número 23. Según la denuncia, 'parte del equipo directivo de la casa y un sector del personal vienen formulando reiteradamente amenazas contra las mujeres consistentes en la retirada de la tutela de sus hijos o la expulsión del centro. Algunas amenazas se han consumado con expulsiones en 24 horas, sin que las afectadas tuvieran tiempo de buscar una alternativa'.

'Uno de los procedimientos coactivos para que las mujeres abandonen el centro consiste en obligarles a firmar su marcha aunque no hayan logrado resolver sus problemas de vivienda y trabajo. Si no lo hacen, se les amenaza con interrumpir la tramitación de un piso social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)', añade. Castro asegura que algunas mujeres que se han negado a marcharse se han quedado sin la citada vivienda del Ivima. El tiempo máximo de estancia en la casa son nueve meses, aunque algunas mujeres llevan hasta 18.

La denuncia añade que alguna trabajadora insulta a las internas llamándolas 'malas madres', 'inútiles', 'ladronas' y que en las terapias psicológicas 'se han dado vulneraciones al derecho a la intimidad al difundirse su contenido'.

Fernando Martos, presidente de la CAVE, asegura que, tras recibir, a comienzos de año, la carta del centro de salud habló con el personal de la casa refugio 'y se solucionaron los problemas que pudiera haber'. 'Hoy mismo [por ayer], las responsables de la casa me han asegurado que todo iba bien', añade.

Martos niega categóricamente que se insulte o amenace a las mujeres. '¿Cómo va a amenazar una educadora con quitarle sus hijos a una mujer cuando es la Comunidad, y no ella, quien decide sobre las tutelas? Todas las educadoras, menos una, llevan años en el centro, ¿es que se han vuelto locas de repente? Eso no me lo puedo creer. La psicóloga también niega que vulnere el secreto profesional', asegura.

'Es el Ivima y no la CAVE quien concede los pisos sociales. Las órdenes de expulsión fueron para dos mujeres que se pegaron. Pero a una la alojamos en una residencia nuestra y la otra sigue en la casa, aunque debe abandonarla. Lo que ocurre es que hay un enfrentamiento entre las trabajadoras de la casa y un sector está utilizando a las mujeres para sus rencillas', concluye Martos.

EL PAÍS no consiguió ayer localizar a la directora general de la Mujer, Asunción Miura.