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La consejera de Enseñanza mantiene a ultranza su defensa de las subvenciones a colegios de élite

Dirigentes del PP próximos al Opus Dei fuerzan al partido a apoyar a Carme-Laura Gil

La Constitución, el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la ONU... La titular de Enseñanza enumeró ayer un largo listado de leyes y sentencias para mantener inalterable su política de subvenciones a la escuela privada. En su comparecencia en el Parlament a petición de todas las formaciones excepto CiU, se escudó en la legalidad. Gil defendió de nuevo las subvenciones a seis colegios de élite en contra de los informes elaborados por inspectores de su propio departamento.

En un tono aleccionador -cargada de 'una antología de sentencias', según sus propias palabras- Gil insistió en que las subvenciones se enmarcan en la libertad del individuo a elegir el tipo de enseñanza que desea para sus hijos. 'La libertad ideológica, moral y religiosa, es un derecho', dijo. La enseñanza obligatoria y gratuita es 'un tema complejo y ambiguo', añadió, ' y no puede ser un monopolio estatal'. No obstante, la consejera se comprometió a cumplir la moción aprobada por el Parlament que obliga a los centros concertados a realizar auditorías.

PSC, IC-V y ERC no consiguieron que la consejera respondiera a la pregunta clave: ¿Por qué los centros de élite que se acogen a las subvenciones no cumplen el requisito de gratuidad tal como exige la ley? Los grupos de izquierda que habían pedido la presencia de Gil en el Parlament, calificaron de 'insuficientes' sus explicaciones y pidieron una rectificación en la política de conciertos. Gil, según estos grupos, no respondió tampoco a las siguientes cuestiones: ¿Por qué algunos de estos centros discriminan a alumnos en la matriculación? y ¿por qué Enseñanza no proporciona la información requerida sobre este asunto?.

Rafael Ribó, portavoz de IC-V, pidió la dimisión de la Consejera. Josep Lluís Carod, secretario general de ERC, dijo que la Generalitat no puede otorgar dinero a 'pijo-escuelas' y aseguró que una parte de los centros privados concertados tiene una 'clara finalidad de lucro'. Por su parte, el socialista Joaquim Nadal, afirmó que Enseñanza 'incentiva desequilibrios' entre la escuela pública y la privada y acusó Gil de 'falta de información y de transparencia' y de 'poner el sistema en crisis''.

El PP cambia de opinión

La consejera, sin embargo, no estuvo ayer tan sola como en los últimos días, ya que fue defendida en todo momento por el presidente de los populares Alberto Fernández Díaz. El PP dio ayer un viraje a la posición que había mantenido estos últimos días, y se alineó inequívocamente al lado del Gobierno de CiU. El giro no fue casual. Desde hace días el sector del partido próximo al Opus Dei, entre cuyos miembros destaca Jorge Fernández Díaz, secretario general de Relaciones con las Cortes, presionaba para que el PP catalán rebajara el tono de la crítica y respaldara a la consejera, según explican fuentes de la cúpula del partido. Tres de las escuelas objeto de la polémica están vinculadas al Opus Dei y todas ellas ha hecho llegar su malestar a la cúpula del PP por la actitud que venía manteniendo este partido. En su intervención de ayer, Alberto Fernández rectificó los planteamientos de su grupo sobre la 'retirada inmediata' de los conciertos y se alineó con la consejera. El secretario del PP asumió la premisa fundamental del Gobierno catalán de que las siete escuelas cumplen los requisitos obligatorios, aunque no los preferenciales que examina el informe de los inspectores. Ribó subrayó las coincidencias entre PP y CiU: ' los ha defendido con más ardor el señor Fernández Díaz que usted misma', le espetó a la consejera. Y añadió: 'Son como dos gotas de agua'.

Carles Martínez, portavoz del sindicato USTEC-STES, que con su recurso contra los conciertos ante el TSJC consiguió que se hicieran públicos los informes desfavorables de la Inspección, considera que Gil hace una interpretación incorrecta de la ley. Martínez cree que estas escuelas no cumplen con el requisito de la gratuidad y acusa a Enseñanza de haber inspeccionado este apartado, pero no ha hecho públicos sus resultados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de julio de 2001