La Mancomunidad dice que Marbella no puede retirarse del organismo

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental calificó ayer de 'fantasmada' el anuncio del alcalde de Marbella, Jesús Gil, de retirar a su municipio del organismo en septiembre y quedarse con la desaladora. Los responsables de la entidad no creen que Gil pueda cumplir sus amenazas y consideran que lo único que hace es 'entorpecer' la financiación de la planta por parte del Gobierno, que se ha mostrado dispuesto a asumir un pago de 8.500 millones de pesetas.

Las advertencias de Gil se produjeron después de que, el pasado viernes, la Mancomunidad propusiera la celebración de una reunión entre su presidente, Manuel Sánchez Bracho, y Jesús Gil sobre la cesión de las parcelas en las que está situada la desaladora. Esta cuestión preocupa a la Mancomunidad, ya que el Gobierno puso como condición, para hacerse cargo del coste de la planta, el cambio de titularidad de los terrenos sobre los que está asentada y que en la actualidad están a nombre de Marbella.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha detectado 'graves deficiencias' en el expediente de contratación de la desaladora, destacó el hecho de que Gil escriturase los terrenos expropiados para la obra a nombre del Ayuntamiento marbellí en lugar de ser el beneficiario la Mancomunidad, que él presidía también entonces. La concesionaria reclama unos 11.000 millones de pesetas por el coste, intereses y mantenimiento de la desaladora.

Por otro lado, a Jesús Gil también le llovieron ayer las críticas de la oposición por pretender instalar cámaras de videovigilancia por la ciudad sin contar con los permisos de los organismos correspondientes. Según la concejal del PSOE, Isabel García Marcos, la solución no pasa por instalar cámaras sino por analizar las causas del incremento de la delincuencia. La portavoz en Marbella del PP, Francisca Caracuel, acusó al alcalde de pretender convertir a cada ciudadano en 'un rehén vigilado'.