El Ejecutivo impulsa la autonomía del Tribunal de la Competencia

El tribunal se asemejará a las comisiones sectoriales, como la Comisión de la Energía o la del Mercado de las Telecomunicaciones, a pesar de éstas cuentan con un presupuesto mayor, casi ocho veces más alto (300 millones de pesetas frente a unos 2.500 millones). La conversión del tribunal en un organismo autónomo implica también una mayor independencia para el órgano sancionador y una mayor flexibilidad y agilidad, según fuentes de Economía.

Las mejoras para el organismo que preside Gonzalo Solana, no obstante, no acaban ahí. A partir de que se apruebe la norma legal (de forma inmimiente), el tribunal podrá ingresar parte de la tasa que cobra por los estudios que realiza sobre operaciones de concentración empresarial. Con ello se prevé que pueda aumentar sus niveles de ingresos. Aún queda por determinar, sin embargo, qué porcentaje de esa tasa se embolsará el organismo. Hasta ahora, la totalidad de los ingresos de esa tasa iban destinados en su totalidad al Tesoro Público.

Incremento de la tasa

Además se incrementará esa tasa. La Ley de la Competencia de 1999 (ahora en vigor) permitía cobrar una tasa muy reducida, 500.000 pesetas, cuando el volumen de ventas totales en España del conjunto de las empresas que se concentran supera los 40.000 millones de pesetas anuales. La tasa que cobra el tribunal, no obstante, llega a un millón de pesetas cuando las ventas de las empresas ascienden a 80.000 millones y dos millones cuando superan esa cantidad.

Estas cantidades serán aumentadas porque, como dicen expertos en competencia, no tiene sentido que Endesa e Iberdrola se hayan gastado 800 millones en asesoramiento jurídico por su reciente intento frustrado de fusión, mientras que por el estudio del tribunal, que fue decisivo, pagaran dos millones de pesetas.

En la actualidad el Tribunal de Defensa de la Competencia (que cuenta con un presupuesto anual de unos 300 millones de pesetas al año) no posee personalidad jurídica propia. Se adscribe orgánicamente al Ministerio de Economía, aunque desempeña sus funciones con independencia. Creado en 1964, el tribunal tuvo escasa actividad en sus primeros años debido a que la economía era cerrada. En 1989 se convierte en un organismo homologable a escala internacional.

En estos últimos años, el tribunal ha registrado un fuerte incremento en su actividad debido a la expansión de la nueva economía y una mayor apertura de la economía. De hecho, el incremento de la dotación de medios será necesario para abordar una mayor descentralización de las competencias de la Comisión Europea y el propio tribunal español en cuestiones que tienen que ver con la nueva economía.