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Un perfume de antiguo régimen

El jefe del Estado y el Gobierno disponen cada año de un fondo de 10.000 millones de pesetas para gastar libremente de acuerdo a su propio criterio

'Un perfume de antiguo régimen' flota sobre Francia, en expresión del dirigente liberal Alain Madelin: un país encuadrado por su presidente y su Gobierno, a los que el Parlamento engrasa cada año con un fondo reservado de unos 10.000 millones de pesetas, y de cuyo uso no tienen que dar explicación. A esa opacidad se aferran los colaboradores del presidente de la República, Jacques Chirac, para atajar el escándalo sobre una serie de viajes de placer disfrutados por él y su familia, sufragados en efectivo.

La historia es fantástica. Maurice Ulrich, senador por el partido neogaullista RPR, ha declarado a los jueces que Chirac le confió la custodia del 'sobrante' de los fondos reservados recibidos durante sus años como primer ministro, de 1986 a 1988. Tal encargo se produjo cuando el entonces alcalde de París salió de Matignon, la residencia de los jefes de Gobierno, a consecuencia de la segunda victoria electoral de François Mitterrand. Los fajos de billetes se depositaron en una caja fuerte de la alcaldía de París.

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El propio senador Ulrich admite haber extraído de esa caja 339.548 francos (ocho millones y medio de pesetas) para pagarse una semana en islas Mauricio con su familia, según dijo ante los jueces que investigan el origen de los fondos usados en tales desplazamientos. La fecha de la factura es del 19 de marzo de 1993. Chirac había dejado de ser primer ministro cinco años antes: el 'fondo sobrante' debía ser realmente generoso para estar años sin agotarse.

Otros 119.339 francos (tres millones de pesetas) sirvieron para costear unos días de vacaciones en Nueva York de Jacques Chirac, su hija Claude y un escolta, según informó al juez el propietario de la agencia de viajes Gondard, donde se tramitó el desplazamiento, contra la correspondiente entrega del dinero en efectivo. Claude Chirac ha reconocido judicialmente ese viaje, aunque ignora cómo se pagó.

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Al hilo de este incidente se ha sabido que, cada mes, el Banco de Francia traspasa las correspondientes remesas a determinadas cuentas de la presidencia de la República y del Gobierno. Por imaginativo que resulte hablar de 'cloacas' y de 'pozos negros', lo cierto es que el Parlamento francés vota los fondos reservados, si bien carece del derecho a conocer en qué se emplean. Como explicación a esta opacidad se alega un deber de discreción hacia los Servicios Secretos (la DGSE, siglas de la Dirección General de Seguridad Exterior), al parecer, receptores de parte del dinero.

Pero los que han sido cocineros antes que frailes no se chupan el dedo. Por ejemplo, el último ministro conservador de Interior, Jean-Louis Debré, ha aprovechado para urgir a la supresión de unos fondos tan tentadores, con los que la oposición teme ahora que el Gobierno de izquierda financie operaciones preelectorales. Una inquietud muy lógica, por curioso que sea cuestionar un sistema con medio siglo de antigüedad a sólo nueve meses de las presidenciales. La costumbre de que los gobernantes vacíen las cajas a cada 'cambio de régimen' se encuentra tan extendida, que Lionel Jospin ha puntualizado que él devolverá el sobrante cuando deje de ser jefe del Gobierno.

Muchos observadores no se creen la versión de que los viajes de la familia Chirac se pagaran con fondos reservados. Desde luego, la hipótesis de los jueces instructores apunta a la corrupción: en concreto, a sumas ilegales facilitadas por empresas adjudicatarias de obras en centros de enseñanza, en proporción al volumen de negocio recibido. En todo caso, el asunto es grave: los jueces se han incautado de documentación que totaliza pagos por 2,4 millones de francos. Sería un delito en toda regla si procedieran de la corrupción, y es un escándalo político si se trata de dinero de los contribuyentes dedicado a viajes de placer. 'Si preguntan a las personas que me conocen, no encontrarán nadie que diga que yo soy un hombre de dinero', ha dicho Chirac. Nadie le acusa de haberse aprovechado de sus cargos para constituir una fortuna personal; sólo se sospecha que promovió o aceptó un sistema de financiación irregular de la política.

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