El Gobierno catalán quiere comprar viviendas protegidas para destinarlas a alquiler social

El 85% de las viviendas se encuentran en régimen de propiedad y sólo el 15% restante están alquiladas. Estos porcentajes son aplicables a las de protección oficial, destinadas a personas y familias con rentas modestas (jóvenes, gente mayor e inmigrantes) que en muchos casos, por su condición económica, tampoco pueden permitirse adquirir un piso aun siendo de protección oficial. Para paliar este vacío, la Generalitat quiere crear un parque de pisos de alquiler comprando las viviendas protegidas que promovió cuyos propietarios quieran venderlas.

Esta medida, además de satisfacer las necesidades de determinados colectivos sociales, se ha tomado también para erradicar una práctica que se supone habitual en la venta de las viviendas de protección oficial, según explica el director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat, Miquel Modrego. La normativa establece que el promotor -en este caso, el Gobierno catalán- tiene prioridad para optar a la adquisición de los pisos protegidos cuando sus propietarios deciden abandonarlos durante los primeros 15 años desde el momento de la compra (hasta el pasado mes de febrero, el periodo abarcaba solamente los 10 primeros años).

El precio de la venta tiene que ser el estipulado para la vivienda de protección, pero pasado este tiempo el promotor pierde cualquier derecho sobre ella y tampoco se puede regular su valor económico.

Asimismo, si el Ejecutivo renuncia a comprarlo, el propietario está igualmente obligado a vender el piso de acuerdo con las tarifas que se establecen para este tipo de vivienda, que no son las del mercado. Sin embargo, no se puede garantizar que en estos casos la venta se realice siguiendo estos criterios, pues se estima que en muchas ocasiones los pisos son vendidos a precios superiores, con lo que 'desaparece el objetivo social por el que fueron construidos y vendidos', afirma Modrego.

Dinero negro

El director general de Arquitectura y Vivienda insiste en que adquiriendo estas viviendas se pretende, ante todo, dar respuesta a los ciudadanos que necesitan vivienda protegida y de alquiler. Se trata de garantizar que estos pisos mantengan el espíritu con el que nacieron, y para ello es imprescindible ejercer un control con el fin de evitar que pasen al mercado libre.

Modrego explica que el pago con dinero negro ha empezado a incrementarse durante los últimos años como consecuencia del buen ritmo de que ha disfrutado el sector inmobiliario en este periodo, cuando más se ha acentuado la diferencia de precios entre vivienda libre y protegida. Por eso, afirma, no se había tomado una iniciativa similar anteriormente. 'Fue hace unos meses cuando decidimos actuar y controlar qué hay detrás de todo esto', destaca Modrego.

En su opinión, ejercer este control no será una tarea complicada. Pero lo que más teme es la reacción de los propietarios, ya que seguramente no lo aceptarán y decidirán no abandonar el piso.

El Gobierno catalán ha comunicado ya que ejercerá el derecho de compra a los ciudadanos que han manifestado su intención de vender su vivienda y la única respuesta que ha recibido, por el momento, ha sido la queja de un propietario disconforme con esta medida y dispuesto a emprender trámites judiciales, explica Modrego.

'Lo importante', añade el director general de Arquitectura y Vivienda, 'es potenciar la vivienda protegida y sobre todo de alquiler, especialmente ahora que impera una cultura de compra'. En otros países, como Alemania y Suiza, las viviendas en régimen de alquiler suponen el 60% del total, muy lejos del 15% español y catalán. De todas formas, no se descarta mantener algunas de estas viviendas en régimen de propiedad, en función de las necesidades de cada localidad, matiza el director general.

A pesar de los problemas y las quejas que pueda suscitar, Modrego apuesta por la recuperación de estos pisos porque se garantizará su función social, se mantendrán bajo propiedad de la Administración y darán respuesta a los colectivos que sólo pueden permitirse este tipo de vivienda. Al mismo tiempo, por supuesto, se intentará acabar con 'las trampas'.