Las diputaciones se reunirán con las empresas para analizar la resolución sobre los incentivos

La patronal vasca, Confebask, aseguró ayer que no existe 'alarma', pero algunas de las sociedades ya se han puesto en contacto con las diputaciones para interesarese sobre su futuro. Las haciendas forales estudian distintas fórmulas para, una vez tengan en sus manos la resolución de la Comisión, notificar la medida a los afectados. Las diputaciones barajan la posibilidad de reunirse directamente con las empresas. De hecho, algún diputado de Hacienda ya se ha puesto ya en contacto con Confebask para mantener unas primeras conversaciones sobre cómo enfocar el problema.

La gran preocupación de las empresas, y así lo han puesto de manifiesto tanto Confebask como las cámaras de comercio es que Bruselas obligue a devolver las cantidades ahorradas con los incentivos fiscales. Del varapalo de la Comisión Europea consideran que se deje claro que no se cuestiona la autonomía fiscal vasca y su capacidad normativa, algo que Bruselas siempre ha dicho que respeta. Sin embargo, las cámaras critican que se obligue a devolver 'las ayudas, en la medida que no se respeta el principio de confianza legítima de las empresas y la buena fe de quienes realizaron la inversión'.

Las diputaciones consideran que las acciones que se tomen sobre la resolución de la Comisión Europea tiene que ser de forma coordinada. Un responsable de la Hacienda de Vizcaya dijo ayer que el organismo que se debe encargar de afrontar el problema que se plantea es el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que están representadas las diputaciones y el Gobierno y que cuenta ya con una comisión que estudia el tema. Vizcaya pidió también una actuación coordinada con la Administración central.

Según los datos oficiosos de las diputaciones vascas de enero de 2000, 75 empresas se acogieron a las vacaciones fiscales, que se aplicaron por vez primera en 1996 y que suponen una rebaja en el impuesto de sociedades para las empresas de nueva creación de un 99% en su primer año de beneficios, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Al crédito fiscal del 45% para inversiones de más de 2.500 millones de pesetas se acogieron 73 empresas hasta esa fecha. Posteriormente la Diputación de Vizcaya lo concedió a otras 19 empresas que lo habían solicitado antes de su derogación. Una buena parte de estas empresas (Bahía Bizkaia Gas, Bahía Bizkaia Electricidad o Euskaltel, entre otras) renunciaron luego a este incentivo al ser fruto de conflicto entre administraciones, estar investigado por la UE y haber sido derogado.

La Comisión Europea ha pedido a España que le facilite la lista de empresas beneficiadas por los incentivos fiscales. El nombre de los afectados está en poder de las haciendas forales y protegido por la confidencialidad que ampara a los contribuyentes en sus relaciones con el fisco. La no entrega de la lista supondrá que la Comisión acuda ante el Tribunal de Luxemburgo para reclamarla. En todo caso, las diputaciones van a jugar hasta la última baza. Primero van a esperar a recibir la notificación y posteriormente sus departamentos jurídicos estudiarán con detalle sus efectos.

Un recurso conjunto En todo caso, las tres diputaciones y el Gobierno vasco prevén recurrir ante la decisión de Bruselas, un recurso al que se sumará también casi con seguridad Confebask. Un portavoz foral apuntó que la obligatoriedad de reclamar los impuestos ahorrados con los incentivos puede suponer la paradoja que las empresas deban devolverlos y que en el caso de que las diputaciones ganen en su reclamación en Luxemburgo sean éstas las que deban otra vez reembolsar lo recuperado a las sociedades beneficiarias. Otro de los problemas que se plantea es la difícil cuantificación del montante de las ayudas, ya que en los dos tipos de incentivos anulados depende de la cifra de beneficios durante los cuatro primeros años en que se obtengan. Desde las propias diputaciones se asegura no tener datos concretos de las suma que puede alcanzar el conjunto de los incentivos fiscales, que, por otra parte, pueden ser muy distintos entre una u otra empresa.

Mientras que las diputaciones, el Gobierno y las organizaciones empresariales destacaban, dentro del revés, que Bruselas no cuestionaba la capacidad normativa del Concierto, el responsable del área socioeconómica de Batasuna, Eusebio Lasa, aprovechó ayer el fallo de la Comisión Europea para asegurar que el País Vasco 'no tiene soberanía para decidir y organizar su futuro económico y fiscal'. En ese sentido, consideró que, 'otra vez, ha quedado claro que el Concierto Económico y el Pacto Económico no son sino un simple aditivo del sistema de impuestos del Estado español'.

La Junta de Castilla y León se sumó ayer a la satisfaccióm mostrada el día anterior por La Rioja y Cantabria, las otras dos comunidades autónomas limitrofes con Euskadi, por la decisión de Bruselas sobre los incentivos fiscales. El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, calificó 'muy positiva' la decisión de la Comisión Europea, porque 'premia' las gestiones emprendidas por el Gobierno castellanoleonés contra estas ventajas.