La oposición acusa a Sanidad de ocultar datos sobre el Hospital General

'Si no hubiéramos tenido información previa, nos habrían engañado', decía ayer indignada la diputada de IC-V Dolors Comas, al término de la reunión del grupo de trabajo creado en el Parlament para hacer el seguimiento de la crisis del Hospital General de Cataluña. La reunión había sido convocada para que el director del Servicio Catalán de la Salud (SCS) informara a los representantes de los partidos políticos sobre las dos ofertas que optan a adjudicarse el centro sanitario, que declaró quiebra voluntaria en noviembre de 1999 con un pasivo de 17.000 millones de pesetas.

El director del SCS, Josep Prat, acudió acompañado de su delegado en la comisión liquidadora, Carles Constante, quien llevó consigo las plicas de las dos ofertas que optan a adjudicarse el hospital: la de una sociedad anónima encabezada por la Mutua de Terrassa en la que participan las empresas Cetir y General Lab, propiedad de empresarios vinculados a Convergència Democràtica, y la de la empresa Catalana de Diagnósticos y Cirugía, filial de Citibank Venture Capital, que posee nueve hospitales en varias ciudades de España.

La comisión liquidadora tiene cinco miembros en representación de los principales acreedores (Hacienda, la Seguridad Social, el SCS y el Ayuntamiento de Sant Cugat). La opción ganadora debe reunir cuatro de los cinco votos. La falta de consenso ha obligado a suspender en dos ocasiones la decisión.

Pese a que el informe oficial del SCS no se inclinaba por ninguna de las dos empresas, Josep Prats comunicó ayer formalmente que el Gobierno catalán apoya la oferta de la Mutua de Terrassa, que también cuenta con el voto del Ayuntamiento de Sant Cugat, cuyo alcalde, Lluís Recoder, es diputado de CiU. El informe de Hacienda y la Seguridad Social aboga claramente por la oferta de Catalana de Diagnóstico, por ser económicamente superior y ofrecer mejores condiciones de pago. Tras realizar gestiones, que resultaron infructuosas, ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno catalán envió a Madrid a su delegado en la comisión liquidadora, Carles Constante, para tratar de convencer a los funcionarios que representan a la Administración central para que cambien su voto.

Pero éstos han emitido ya un informe muy claro, basado en criterios técnicos, y no parecen dispuestos a cambiar un voto que podría dar lugar incluso a un contencioso legal si la empresa perdedora decide impugnar la adjudicación. El convenio de acreedores sancionado ante el juzgado de la quiebra establece que la adjudicación corresponderá a la oferta económicamente más ventajosa.

Intentos desesperados

Los diputados del grupo de trabajo tuvieron ayer ocasión de comprobar 'los intentos desesperados del SCS', en palabras de la diputada socialista Carmen Figueres, por justificar su apoyo a la oferta económicamente menos ventajosa. 'Ha sido indignante', explicó Dolors Comas. 'Carles Constante ha leído sólo los párrafos de las plicas que le interesaban. Por ejemplo, ha dicho que se había informado mal sobre la oferta de inversiones de la Mutua de Terrassa, pues se había omitido que ofrecía invertir, además de los 150 millones prometidos el primer año, hasta 3.250 del en los seis siguientes'. Pero Constante omitía en su exposición un detalle que no quedó aclarado hasta que Dolors Comas le pidió la plica y leyó lo que seguía: que esa inversión estaba condicionada a que la cuenta de explotación del hospital lo permitiera.

La vehemencia de la diputada socialista Carmen Figueres obligó a Constante a 'leer hasta el final' y aclarar otros puntos que también omitía. Entre ellos, que el informe de Hacienda indicaba como inconveniente de la oferta de la Mutua de Terrassa el hecho de que los 1.500 millones que ofrecía por el activo del hospital serían pagados en 15 años, lo cual disminuía el valor real de la oferta y añadía el problema de la vigilancia de su cumplimiento, pues la comisión de seguimientos debe disolverse a los cinco años de la adjudicación.

Josep Prats recibió por la tarde a los representantes de los trabajadores, quienes han emitido un comunicado en el que dan pleno apoyo a su representante en la comisión de liquidación, Rosa Fabián, después que observaran 'maniobras procedentes de Sanidad para tratar de desacreditarla', según su portavoz.