Garcés: 'El Gobierno de Chile deseaba esta decisión'

'La decisión adoptada ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago viene a dar la razón a quienes sostenían que los tribunales chilenos no tenían autonomía para juzgar a Pinochet', declaró ayer en Madrid el abogado Joan Garcés, quien representa a las víctimas de origen español de la dictadura de Augusto Pinochet y cuya acción desencadenó que el juez Baltasar Garzón iniciara el procesamiento del ex dictador chileno.

'Hace muchísimos meses que se sabe que el Gobierno de Chile deseaba que se tomara esta decisión. No es ninguna sorpresa', señaló Garcés en referencia al sobreseimiento de las acusaciones contra Pinochet como encubridor de 75 asesinatos perpetrados por la llamada caravana de la muerte. Garcés explicó que el procesamiento de ex dirigentes en sus países de origen por crímenes contra la humanidad plantea muchos problemas políticos, y puso como ejemplo a Yugoslavia con Slobodan Milosevic o la reciente crisis de Gobierno en Croacia con el anuncio de la extradición de dos generales. 'Son criminales que han tenido gran poder y lo normal es que los tribunales no puedan proceder contra ellos', dijo y añadió que en estos casos 'los criminales mantienen más poder del que tienen los tribunales'. Por esto, según Garcés, queda demostrada la necesidad de una jurisdicción universal para los casos en los que los tribunales nacionales están sometidos a presiones.

Para el abogado español, con la resolución del tribunal chileno no ha terminado la comparecencia de Pinochet ante la justicia ya que en Argentina, España, Bélgica y Suiza siguen abiertas las causas contra el ex dictador chileno. 'Sigue procesado y sobre él pesa una orden de detención internacional', recordó Garcés.

En España, el caso Pinochet sigue abierto. 'El auto de procesamiento está vigente y hace dos meses se ha decretado un embargo de bienes', destacó el letrado.