Ercros y el soplo divino

Cuanto más se conoce del caso Ercros/Ertoil más parece un inmenso fraude, asombrosamente impune al cabo de una década. Lo que sucedió entre 1989 y 1992 en la gran compañía petroquímica, la más fuerte de España, lleva el 'sello de la casa' (De la Rosa/Torras/Kio): primero, un grupo financiero potente (Torras) se hace presente en una empresa con dificultades de tesorería (Ercros) pero con destacadas 'joyas de la Corona', como la división de petróleos Ertoil.

Segundo, esa joya se vende muy por debajo de su valor real y rápidamente (a Cepsa), por los directivos de Ercros, apropiándose ilícitamente del activo de la venta los accionistas mayoritarios (Torras y otros) y dejando en la empresa madre (Ercros) el pasivo de enormes deudas, perjudicando a los accionistas y acreedores minoritarios, a los trabajadores, y descapitalizando y desangrando a Ercros.

Está en juego la igualdad de todos los españoles ante la justicia

Tercero, esa venta incluye la defraudación al Tesoro Público, por impuestos evadidos en cuantía cercana a 10.000 millones de pesetas, y por deudas no satisfechas a la Seguridad Social y a las entidades de crédito de carácter público, que ascendieron en el conjunto de Ercros a cerca de 50.000 millones.

Cuarto, la trama de enriquecimiento ilícito, para lograr la máxima opacidad, utiliza una sociedad fantasma puramente instrumental (GMH) radicada en el paraíso fiscal que era Luxemburgo, a la que se vende Ertoil (1991) por 40.000 millones en números redondos para revenderla a Cepsa pocas semanas después en 50.000, en un pacto preparado con antelación. Todo ello bajo la tutela de la inefable Elf Aquitaine, sociedad estatal francesa, 'madre de todas las corrupciones' en la era Mitterrand. El sentido de ese tortuoso camino que recorre Ertoil, España-Luxemburgo-España (o sea, Ercros-GMH-Cepsa), no es sino evitar el control del Consejo de Ministros, evadir impuestos y embolsarse los ejecutores de la operación cuantiosas comisiones, muy muy negras.

Quinto, esa descapitalización inmisericorde de Ercros a manos de sus directivos más poderosos termina lógicamente en 1992 en una suspensión de pagos -que parece encubrir una quiebra fraudulenta- por una cantidad cercana a los 200.000 millones, la mayor de la historia española. De ese agujero sin fondo sólo se pagó a los acreedores el 1%.

El caso Ertoil es la parte más visible de una peculiar 'estrategia corporativa' que produjo un auténtico vaciado de Ercros entre 1989, 1990 y 1991, tres años en que ésta vendió sociedades y activos por importe nada menos que de 103.000 millones de pesetas. A pesar de ello terminó en una suspensión de pagos por la cifra mareante de 200.000 millones. Es decir, que una compañía como Ercros, que tenía beneficios cuando nació (en 1989), gracias a la división de petróleos Ertoil y a exenciones fiscales del 99%, vende Ertoil a pesar de estar legalmente prohibido, no devuelve esas subvenciones fiscales y termina en 1992 quebrada técnicamente y con 300.000 millones de pesetas volatilizadas no se sabe a dónde.

Estamos ante una operación en la que al menos tres delitos es muy probable que se cometieran: delito fiscal, alzamiento de bienes y apropiación indebida, que podrían acarrear para sus autores penas totales de hasta diez años de prisión. De ello hay constancia documental abundante, apreciada por las justicias española, francesa y alemana, que persiguen delitos que tienen el vínculo común de Elf Aquitaine.

La justicia española, en efecto, ha perseguido e investigado el caso Ercros. Lo hace desde 1994 a impulso de acreedores y perjudicados por el alzamiento de bienes y la suspensión de pagos, a impulso de Nueva Izquierda respecto al caso Ertoil, y a impulso de la fiscalía de Barcelona, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La investigación de la justicia se ha desarrollado con normalidad. Hasta que tropieza con un obstáculo que lleva el nombre de Josep Piqué. Piqué, actual ministro de Asuntos Exteriores, pero ministro de Industria (y aforado) desde 1996 cuando el PP no tenía mayoría absoluta y necesitaba a CiU, avalista política de Piqué, da la casualidad que estaba ahí cuando se desarrolló la ingeniería financiera de Ercros/Ertoil, con un papel significativo cuando no esencial. Nos lo encontramos siempre. Piqué fue el creador de la estrategia corporativa de Ercros, estuvo en el núcleo de dirección que adoptó las decisiones de venta (del 'vaciado' de Ercros en aquellos tres años vertiginosos), participó en la venta de Ertoil y la protocolizó negociándose una rebaja en el precio final, y unos días después de la culminación de la venta de Ertoil, y tras la salida de Ercros de sus principales dirigentes, fue designado consejero delegado y luego presidente, cargo desde el cual ejecutó la célebre suspensión de pagos.

Es de sentido común que alguien a quien se eleva a ese puesto tuviera mucho que ver con las decisiones básicas de Ercros en la época inmediatamente anterior. Es de sentido común pensar que Piqué, cuando menos, puede aportar ahora -no dentro de meses o años como pretenden Aranda y Cardenal- datos capitales para que la justicia avance en la investigación del caso Ercros/Ertoil. Ése es el sentido común que han tenido los fiscales del Tribunal Supremo, al aprobar el informe de Bartolomé Vargas solicitando que, ante la necesidad de que el aforado Piqué declare en las causas abiertas sobre Ercros, asuma la competencia sobre éstas el Tribunal Supremo. Porque la investigación, sin necesidad de conspiraciones ni 'cacerías' políticas, lleva indefectiblemente a Piqué, una y otra vez. Hay sólidos indicios delictivos -aún no se trata de pruebas en un juicio- en las actuaciones de venta de activos de una compañía como Ercros en la que Piqué tuvo una alta capacidad de decisión, junto a otros directivos, y cuya declaración es imprescindible.

Pero ese sentido común no lo tiene el presidente del Gobierno que aforó y blindó a Piqué desde 1996, ni el fiscal general del Estado que lo defiende denodadamente hasta estar dispuesto a dar la orden de no perseguir delitos que indiciariamente surgen de la investigación. Y así, el Gobierno y el fiscal general de éste han convertido el caso Ercros en el caso Piqué. Todo para salvarlo de acudir al Supremo a colaborar con la justicia -no se le acusa, sólo se le pide que declare-, como han hecho todo el Consejo de Administración de Ercros en la causa de Barcelona y todos los directivos pertenecientes a su núcleo de decisión en la causa de Madrid, todos.... excepto Piqué.

En el caso Ercros, paralizado por la resistencia a que Piqué declare, nos jugamos mucho más que su foto ante un tribunal. Las cosas han llegado a un extremo en que es el principio de independencia de la justicia (de jueces y de fiscales) el que está en juego. Como está en juego la igualdad de todos los españoles ante la justicia. Como también lo está el principio de legalidad -por encima de la jerarquía (art. 124 de la Constitución)- que obliga a perseguir todos los delitos incluso cuando puede estar implicado un ministro, y si un juez o fiscal no lo hace incurre a su vez en delito.

Las maniobras del fiscal general nos hace temer las peores hipótesis: que instrumentalice al fiscal Aranda y a la Junta de Fiscales de Sala, órgano no especializado en lo penal, pensado para otra cosa que para oponerse a un informe de imputación de Piqué aprobado por quienes lo han estudiado más, la Junta de Fiscales de Sección de lo Penal. El fiscal encargado del caso, Vargas, tiene el caso desde hace más de tres años, la Junta de Fiscales de Sección tuvo su informe más de un mes; la Junta de Fiscales de Sala que utilizará Cardenal lo ha tenido una semana. Da igual cuando la decisión está tomada, y cuando ni una hoja del árbol de la justicia puede moverse sin que lo permita el soplo divino gubernamental.

Sin embargo, el caso Ercros va a colocar a cada cual en su sitio; frente a sus responsabilidades y frente a los ciudadanos que sostienen una Justicia para que ésta sea independiente de cualquier poder, divino o humano.

Diego López Garrido es secretario general de Nueva Izquierda y denunciante del caso Ercros/Ertoil, en el que ejerce la acción popular.