Las denuncias contra dictadores de todo el mundo desbordan a la justicia en Bélgica

Las denuncias contra Sharon, contra Husein, el presidente iraquí, y contra Gbagbo, presidente de Costa de Marfil, han sido presentadas en el último mes; justo después de que el Tribunal de Justicia de Bruselas condenara por genocidio a cuatro ciudadanos ruandeses (dos religiosas entre ellos). Era la primera vez que el tribunal llevaba hasta el final una ley belga de 1993 que permite juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo.

Tras el veredicto ruandés, y mientras la opinión belga aplaudía esta suerte de tribunal internacional instituido en Bruselas, el Gobierno alertaba contra la cascada de denuncias que, finalmente, está cayendo sobre la justicia belga y que viene a sumarse a denuncias anteriores: contra Pinochet; contra el presidente del Congo ya fallecido Laurent Kabila y su ministro de Exteriores; contra el presidente de Ruanda, Paul Kagame; contra tres ex dirigientes jemeres rojos; contra el ex ministro marroquí del Interior Driss Basri; contra dirigentes guatemaltecos, y contra el ex jefe de Estado de Chad Hissène Habré.

Pero la denuncia que más incomoda a la diplomacia belga es la presentada contra Ariel Sharon, en manos ya de un juez de instrucción. Sharon tenía previsto visitar oficialmente Bruselas el pasado mes. El atentado en una discoteca de Tel Aviv que costó la vida a 17 personas y dejó 70 heridos fue una razón contundente para anular la visita. De paso, Sharon eludió aterrizar en un país cuya justicia puede iniciar en breve su persecución.

Ariel Sharon emprende hoy una visita a Europa. Estará en Berlín y París, pero Bruselas no figura en la agenda del viaje. Tanto la Comisión Europea como el Ministerio belga de Asuntos Exteriores alegan razones de calendario y rechazan cualquier relación con la denuncia, pero ayer mismo el rotativo Le Soir aventuraba dicha relación y aseguraba que el ministro israelí de Exteriores, Simón Peres, ha clamado en una reunión interna que Bélgica 'no tiene el derecho moral de juzgar a Israel'. Su homólogo belga, Louis Michel, se reúne hoy en Berlín con Sharon y en su departamento aseguran que el Gobierno belga desea la presencia del primer ministro israelí en Bruselas, aun reconociendo que la ley de 1993 y las denuncias (hay dos contra Sharon) ponen a la diplomacia belga en una 'situación embarazosa'.

La denuncia presentada a mediados de junio contra Sharon, y que ya está en fase de instrucción, la firman 28 ciudadanos familiares de víctimas o supervivientes de la matanza de los campos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982, donde murieron entre 700 y 3.500 personas a manos de las milicias cristianas libanesas, que actuaron con el visto bueno de Sharon, entonces ministro de Defensa.

La querella contra Sadam Husein la han presentado cinco refugiados kurdos que viven en Bélgica y Holanda. La de Laurent Gbagbo va firmada por 150 personas e incluye a sus ministros de Interior, Boga Doudou, y de Defensa, Lida Kouassi. La asociación Prevención del Genocidio, fundada por un sociólogo belga, está detrás de esta denuncia, que también tiene asignado juez instructor. Ciudadanos israelíes han anunciado que preparan otra denuncia contra el líder palestino, Yasir Arafat.

La avalancha y la creación de situaciones incómodas para la diplomacia han obligado a Bélgica a replantearse la aplicación de una ley pionera que le ha permitido erigirse en defensora internacional de los derechos humanos. Pero en ausencia de un acuerdo global torpedeado por EE UU que permita instituir un Tribunal Penal Internacional, Bélgica no desea quedarse sola en esta batalla, como indica Michel.

Un equipo de expertos presididos por el ministro de Justicia quiere enmendar la norma este mismo año para poder 'filtrar' las denuncias. Se baraja consultar al Parlamento en caso de que el denunciado esté en el poder. También, crear un colegio de magistrados que resuelva los asuntos antes de admitirlos a trámite.