La justicia mexicana deniega la extradición del etarra Galarza

La Corte Suprema de México ha denegado la extradición del presunto miembro de ETA Lázaro Galarza Larrayoz, por errores en el procedimiento, según publicó ayer el diario La Jornada, que citaba fuentes de la defensa del supuesto terrorista. Galarza está acusado de haber proporcionado a miembros del comando Nafarroa de ETA, el 7 de abril de 1990, una furgoneta a sabiendas de que sería utilizada para instalar en su interior un tubo lanzagranadas con el que los terroristas dispararon contra cuartel de la Guardia Civil de Lecumberri (Navarra), donde hicieron explosionar una bomba-trampa que hirió a cinco agentes.

Fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe señalaron que, hace aproximadamente un mes, la Agregaduría a la Procuraduría de la República (equivalente a la Fiscalía General en México) comunicó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la Corte Suprema mexicana había decidido que, en tanto las autoridades españolas no presentaran nuevos documentos, se denegaría la extradición de Galarza. El ministerio público respondió de inmediato que se había aportado toda la documentación posible y, desde ese momento, dio por denegada la demanda de extradición, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio de 2000 y que había sido concedida en primera instancia por un juez federal mexicano y ratificada luego por el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

Las mismas fuentes señalan que las autoridades mexicanas pretendían que les fuera enviada documentación que acreditara que Galarza, detenido en México el 30 de mayo de 2000, tenía conocimiento del uso que iba a darse a la furgoneta que prestó a los miembros del comando.

Sobre esta noticia, que coincide con el final de la visita del presidente José María Aznar a México, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, animó a "dejar trabajar a la administración de Justicia y a las autoridades mexicanas", y expresó su deseo de que la petición de extradición de Galarza "se resuelva lo antes posible". "Es lógico que cada caso tenga su complejidad y que algunos casos tienen que estar plenamente fundamentados en derecho", alegó.