Las deudas de la Generalitat

El consejero de Economía y Hacienda, Vicente Rambla, compareció el lunes pasado ante la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar el déficit presupuestario del ejercicio del año 2000, acerca del cual hay notables diferencias entre las estimaciones del Tribunal de Cuentas del Reino y la Sindicatura autonómica, abordando asimismo la deuda acumulada, cifrada en poco más de un billón. Una cifra, ésta, espectacular por su aparente enormidad y que a las gentes de a pie nos sume, cuanto menos, en la perplejidad. ¿Es ilegal, supone -como se ha dicho en la Cámara- una hipoteca para nuestro futuro, habremos de rascarnos el bolsillo de contribuyentes para atender estas presuntas prodigalidades?

La oposición, por fortuna, ha estado presta en esta ocasión a cumplir su cometido fiscalizador y, al decir de los cronistas parlamentarios puso sitio al citado consejero. El asunto, al parecer, y desde la óptica del Gobierno, no tenía mimbres bastantes para movilizar al presidente del Consell, lo que a nuestro entender quizá haya sido un error, más que un olímpico desdén, porque tanto o más que de números o de malabarismos contables la mentada carga financiera comporta un alto contenido político, pues política ha sido la decisión de acrecer el endeudamiento en la dimensión anotada así como la aplicación de los recursos. ¿O es que acaso tal iniciativa competía al consejero compareciente, que bastante tiene en disciplinar en la medida de lo posible el gasto y la inversión pública?

Ignaros como somos en este arcano de las finanzas hemos de confesar que, en comunión con el vecindario más avisado, no acabamos de percibir los riesgos y pecados que la oposición denuncia. Por una parte se constata que, en su día, se endeudó el gobierno del PSPV -pagando mucho más caro el dinero- y no sería temerario pensar que, de haberse prolongado en el poder, tampoco habría moderado la deuda, sino todo lo contrario, al amparo de los tipos de interés menguantes y de la estabilidad económica general. Es un modo como otro, y posiblemente el único, de recuperar el atraso del País Valenciano en capítulos fundamentales para su calidad de vida y futuro. El PP se ha limitado a seguir esta misma línea sin conculcar ninguna norma e incluso endeudándose con tasas anuales inferiores a las de sus predecesores y ahora críticos, al decir del reiterado consejero.

Por lo que se colige del debate al que nos referimos y desde el criterio de los administrados no se concluye que nos aceche la bancarrota ni que haya tan poderosas razones para ser más cautos que Catalunya o Andalucía -y no digamos de las regiones europeas más ricas y desarrolladas- a la hora de acelerar las inversiones y anticipar sus previsibles bondades. Ya me gustaría saber qué están pensando las autonomías que menos se han endeudado y que ya no les será posible a raíz de las inminentes limitaciones que se establecen en este apartado. Y dicho esto, entiendo que el meollo del problema no es tanto el cuánto se debe -que algún tope ha de tener y tiene, claro está- como el en qué se ha invertido, pues no es lo mismo poner los cuartos en sanidad, enseñanza, investigación u obras públicas apremiantes, por citar unos pocos capítulos decisivos, que en teatros de las artes y ópera disparatados y derrochadores, o en gasto corriente y de mera pompa. Pero de esto no se habló apenas.