La fiscalía francesa acepta que Chirac puede ser citado como testigo por el juez

En Francia, donde el pago por cheques o tarjetas está absolutamente extendido, el efectivo se usa para comprar el pan o pagar el taxi: tanto es así, que los cajeros automáticos sólo entregan 2.000 francos (50.000 pesetas) cada 10 días. De ahí la sorpresa causada por la revelación de que Jacques Chirac pagó en líquido una veintena de viajes privados de él mismo, de su esposa Bernadette y de su hija Claude, por un valor de 2,4 millones de francos (unos sesenta millones de pesetas) entre 1992 y 1995, cuando era alcalde de París.

Los tres jueces que instruyen un sumario por desviaciones de fondos en obras del Ayuntamiento parisiense sospechan que parte de ese dinero pudo ser utilizado para sufragar los viajes privados de Chirac y de su familia. Hay que tener cuidado con las sospechas, porque pueden ocultar otras: el entorno presidencial ha sugerido que el dinero de los viajes procedía de los fondos reservados. No sin aclarar que de esos fondos disponen tanto el presidente como sus adversarios políticos, los miembros del Gobierno.

¿Cuánto tiempo podrá resistirse el jefe del Estado francés, Jacques Chirac, a ser interrogado por los jueces? A menos de un año de las presidenciales, el fiscal jefe de París, Jean-Pierre Dintilhace, introdujo ayer otra china en el zapato del presidente, al considerar que 'nada se opone' a su interrogatorio judicial 'en los asuntos que lo necesiten'. Es la primera vez que el ministerio público desbloquea un intento judicial de pedir cuentas al primer mandatario de Francia, pese a la invocación a la inmunidad que hasta ahora le ha protegido.

La postura de la fiscalía implica la luz verde para el interrogatorio del jefe del Estado como 'testigo asistido', figura legal a medias entre la convocatoria como simple testigo y la comparecencia a declarar bajo alguna imputación. El 'testigo asistido' comienza a deponer sin que haya indicios contra él; pero no está obligado a decir verdad ni a declarar contra sí mismo, y se arriesga a terminar la sesión habiendo pasado a la situación de imputado. De ahí la protección que la ley le ofrece para hacerlo con asistencia letrada.

Chirac podría negarse a comparecer, como ya lo hizo ante la llamada de otro magistrado, Eric Halphen, que pretendía preguntarle sobre la financiación ilegal supuestamente extraída de las obras públicas adjudicadas por el Ayuntamiento parisiense, cuando aquél era el alcalde. La situación, muy embarazosa, vuelve a plantear el problema de si existe algún medio de obligar al jefe del Estado a responder ante un juez.

Este paso se produce en plena tempestad entre izquierda y derecha acerca del estatuto penal del jefe del Estado y del pasado trotskista del primer ministro, el socialista Lionel Jospin. Cada campo acusa al otro de alimentar los descubrimientos de los jueces y las revelaciones periodísticas. Así, el diputado socialista Jean-Christophe Cambadélis afirma que existe un 'gabinete negro' en torno a Chirac, una especie de estructura clandestina que usa los medios del Estado para desestabilizar a los adversarios políticos.

En el campo contrario, el entorno de Chirac atribuye a Jospin haber sostenido secretamente al diputado socialista Arnaud Montebourg, autor de una propuesta para acusar al presidente ante el Alto Tribunal de Justicia -un órgano concebido para juzgar los casos de alta traición- si el jefe del Estado persiste en su negativa a explicarse ante la justicia ordinaria. Montebourg es el principal animador de una recogida de firmas entre diputados para iniciar los trámites que permitirían llevar al presidente ante el Alto Tribunal. Tiene 31, aunque el mínimo requerido es de 58.

El presidente francés conoció de la postura adoptada por la fiscalía durante su visita a Rusia, donde se negó a hacer comentario alguno sobre asuntos 'de política interior'.