Huelga enconada

La huelga de tres días del transporte discrecional por carretera en Baleares ha tenido un efecto devastador sobre el sector turístico de las islas: ha mantenido confinados durante horas en las terminales de los aeropuertos a decenas de miles de turistas llegados de vacaciones, ha desarticulado durante ese tiempo el transporte aéreo con destino a Mallorca, Menorca e Ibiza y ha proyectado en Europa una imagen que no beneficia en absoluto a una zona que vive básicamente del turismo. La situación puede agravarse aún más si, como amenazan los huelguistas, se convoca una huelga indefinida a mediados de julio. Como en el caso de los pilotos de Iberia, un grupo de personas que ocupa un lugar estratégico en el engranaje de los servicios puede descabalarlos por completo y llevar el caos a un sector como el turístico, del que depende el 85% de la actividad económica regional.

Pero lo más preocupante, y lo que augura un posible enconamiento de la situación, es que el preacuerdo alcanzado por los representantes sindicales de los autopatronos y trabajadores del transporte discrecional por carretera en Baleares haya sido rechazado por la asamblea de trabajadores. Se abre, pues, un conflicto sindical interno que ayer tuvo sus primeros efectos en algunos actos vandálicos llevados a cabo por piquetes informativos contra coches alquilados por las agencias para llevar a los turistas atrapados en los aeropuertos a sus lugares de residencia. La primera y más urgente tarea que tienen ahora los representantes sindicales es convencer al resto de los trabajadores de las mejoras conseguidas en el preacuerdo: un incremento salarial medio del 18% para tres años. Y aunque los huelgistas reclaman sobre todo un sustancial aumento del salario base, no parece que esa divergencia justifique la prolongación de una huelga salvaje, en la que no se han respetado los servicios mínimos, que ha amargado el inicio de sus vacaciones a cientos de miles de ciudadanos y que ha causado pérdidas al sector turístico que se cuentan por decenas de miles de millones.

Queda, pues, a la responsabilidad y buen sentido de los huelgistas resolver un conflicto que tiene un sólido punto de apoyo para su deseable solución en el preacuerdo alcanzado por sus representantes sindicales. Pero no sólo a ellos. Los poderes públicos no pueden permanecer pasivos ante una situación que transciende los intereses concretos de los huelguistas y que afecta a colectivos enteros de ciudadanos.