El PP trasladará su mayoría absoluta al nuevo Consejo General del Poder Judicial

'La nueva filosofía o cultura emanada del Pacto para la reforma de la Justicia', suscrito entre PP y PSOE, tendente a cambiar las reglas de juego de los tradicionales repartos políticos del Consejo General del Poder Judicial, no quiere decir que ambos partidos renuncien a su influencia en ese ámbito. Ni directa ni indirectamente. De hecho no lo están haciendo, aunque se haya cambiado de forma relevante el sistema de elección de parte de ese órgano para dar a los jueces una participación más directa.

El Consejo del Poder Judicial lo componen 20 vocales y un presidente. Los 20 vocales se seleccionarán ahora, tras aprobarse el nuevo método, de dos formas. Ocho surgirán como hasta ahora de los partidos representados en las Cortes entre profesionales de reconocido prestigio. Y los otros 12 los decidirán también los partidos pero entre 36 candidatos que proporcionarán por un lado las asociaciones más representativas del sector (18) y los magistrados individuales con más de 73 avales (otros 18). Las Cortes deberán refrendarlos a todos el 26 de julio por una mayoría de tres quintos, suma que sólo se logra con la alianza de PP y PSOE.

El PP, que cuestionó durante años las cuotas políticas en el Poder Judicial, quiere trasladar ahora su mayoría absoluta a ese órgano. Algo que los demás partidos, incluido el PSOE, consideran 'lógico y razonable'. El problema surge sobre cómo entender esa ambición de controlar el nuevo Poder Judicial.

El PP, en principio, quiere dominar el nuevo Consejo sin espacio para las sorpresas. Es decir, el PP querría que jueces próximos a su ideología o de la conservadora Asociación Profesional de la Magistradura coparan al menos 10 o 11 puestos del futuro CGPJ, más el presidente, que será elegido el 27 de julio ya por los nuevos 20 vocales pero sobre una figura ajena a ese cupo.

El Gobierno y el PP están de acuerdo con el PSOE en dar cabida en el nuevo CGPJ a todas las formaciones nacionalistas (Coalición Canaria, CiU y PNV) y también a IU, pero sin que esa generosidad les suponga tener que ceder su mayoría. Al PSOE, así, no le salen las cuentas. Ese escenario estricto, con 11 miembros cercanos al PP, tres al menos para los nacionalistas y uno para IU, dejaría a los candidatos progresistas próximos al PSOE con apenas cinco o seis puestos.

Once para PP y CC

Fuentes de la ejecutiva socialista consideran esa hipótesis 'insensata, disparatada e insostenible'. El PSOE sostiene que el PP debe hacer un esfuerzo para consensuar, al menos con Coalición Canaria, los 10 vocales de su orientación que supondrán la mayoría absoluta más tarde con el presidente. Y les recuerdan, en ese sentido, que el anterior vocal de CC, Rafael Fernández Valverde, era más conservador y partidario de las tesis del Gobierno casi que los propuestos por el PP. En la conservadora APM hay magistrados canarios como José Antonio Martín Martín o César García Otero que se podrían ajustar a ese perfil.

El Consejo, según ese reparto, se quedaría con 10 vocales próximos a PP-CC, uno para CiU (el ya propuesto por Convergencia José Alfonso López Tena, notario y políglota), otro para PNV (la valorada por todos los partidos Margarita Uría, ahora diputada nacional), siete cercanos al PSOE y uno a Izquierda Unida. El PP determinaría, además, el presidente del CGPJ, que presidirá también el Tribunal Supremo.

Todos los partidos pelean estos días para aumentar su influencia en el futuro Consejo, tanto entre los ocho aspirantes de designación política como haciendo escuchar sus opiniones entre las asociaciones del sector, que al final tendrán más capacidad de maniobra que los 18 aspirantes previstos para los jueces sin adscripción a ningún colectivo. Desde CiU se hace llegar la voz de que su deseo sería repetir el cupo actual, es decir un vocal planteado por Convergencia Democrática de Catalunya y otro pactado entre Unió y PP. El PSOE rechaza conceder ahora esa trascendencia a CiU, porque ya no son tan decisivos como en la anterior legislatura.

Uría del PNV, Tena de CiU

El Gobierno, además, no ve con buenos ojos al candidato propuesto ahora por CDC, López Tena, por considerarlo muy alejado del nacionalismo moderado y más bien en sintonía con el PSC (fue socio de José Félix Belloch, el hermano del ex ministro socialista). Nadie ha puesto ninguna pega, ni en el Gobierno ni en el PSOE, sobre el nivel 'fuera de serie' de Margarita Uría, diputada del PNV.

El PSOE tendrá que negociar sus candidatos por un lado con IU y, por otro, con Jueces para la Democracia, la asociación progresista del sector. Habrá reuniones en ese sentido en los próximos días. Y también tiras y aflojas. Desde IU se han sugerido nombres como José Antonio Martín Pallín, Fernando Salinas, Alfonso Villagomes o José Manuel Sieria. Mienbros de la ejecutiva actual del PSOE aprecian el currículum de Martín Pallín pero reconocen que su sola mención levanta ronchas entre los componentes de la vieja guardia. Por esa razón, preferirían opciones más realistas como la de Salinas o Sieria.

Entre los aspirantes de Jueces para la Democracia se considera segura la presencia en el futuro Consejo de la juez catalana Montserrat Comas. Y se apuntan como más que posibles al secretario judicial Luis Martín Contreras; a José Antonio Alonso, ex portavoz de JD, o a Javier Martínez Lázaro.