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España veta un pacto de la OCDE sobre paraísos fiscales a causa de Gibraltar

La embajadora Pisonero exige controles por parte del Reino Unido

Una reunión de embajadores de los 30 países miembros de la OCDE, destinada a pactar un acuerdo discreto con Estados Unidos sobre los paraísos fiscales, se convirtió ayer en el escenario de una batalla protagonizada por España, cuya embajadora, Elena Pisonero, amenazó con bloquear el informe final -cuya aprobación exige el consenso- hasta que la OCDE garantice a España que el Gobierno británico se compromete a controlar las prácticas fiscales incorrectas en Gibraltar.

Un total de 32 Estados o territorios en que la fiscalidad es muy baja, si no inexistente, figuran en la lista negra establecida por la OCDE en junio de 2000. Ayer se decidió alargar hasta el 30 de noviembre el plazo para que prueben su voluntad real de colaborar al control de las prácticas incorrectas. Gibraltar es uno de los 32 territorios sospechosos. El riesgo para España era que se quedara fuera de la lista negra, el 30 de noviembre, con una simple declaración del Gobierno gibraltareño. Si la OCDE acepta una declaración unilateral de Gibraltar, se consumará un reconocimiento internacional importante para este territorio, al concederle un estatuto que ni España ni el Reino Unido han acordado.

La amenaza de bloqueo se tradujo ayer en la suspensión de la publicación del acuerdo global y la circulación de propuestas entre París y Madrid para solucionar el conflicto co España.

Este incidente es distinto e independiente del problema global en que se había atascado la OCDE con Estados Unidos. La Administración de Georges W. Bush planteó reticencias sobre la orientación de la lucha contra los paraísos fiscales, porque equivalía a dictarles la manera en que deben cambiar su legislación y su estructura tributaria; y porque veía en ello el germen de una armonización de las tasas tributarias en el mundo, y por tanto un aumento de las mismas, que la nueva Administración no desea en absoluto.

Lo que se plantea ahora es un compromiso general de continuar la lucha contra la evasión de fondos hacia 32 paraísos fiscales, pero rebajando las exigencias iniciales y las amenazas de sanciones que la OCDE blandía desde hace un año, para satisfacer a Estados Unidos. Fuentes de la OCDE expresaron su confianza en cerrar el pacto 'en unos días', una vez resuelto el problema con España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de junio de 2001