La petrolera Elf pagó los vuelos de Chirac en una campaña electoral

Frente a la sospecha de que el dinero de esos billetes procedía de los negocios irregulares vinculados a la alcaldía de París, fuentes de la Presidencia de la República han sugerido que provenía de 'primas percibidas por Jacques Chirac en su calidad de ministro y de primer ministro' (léase fondos reservados) o del 'dinero personal o familiar'.

La evocación de fondos reservados, de los que disponen tanto el jefe del Estado como el primer ministro y los departamentos ministeriales, ha desencadenado una polémica adicional en periodo preelectoral. Varios de los rivales previsibles de Chirac en las presidenciales del año próximo -Alain Madelin, François Bayrou- han protestado contra la desigualdad que supondría disponer de fondos reservados en el combate electoral del año próximo. La Unión por la República (RPR), fundada por Chirac y actualmente la fuerza de oposición más importante, se ha puesto a la cabeza de la manifestación exigiendo la 'congelación' inmediata del uso de tales fondos.

Con la polémica en todo su apogeo, el ex directivo de Elf, André Guelfi, complica más el panorama con afirmaciones como las siguientes: 'Se me pidió que pagara billetes de avión para Jacques Chirac con ocasión de una de sus campañas electorales. He conservado los cheques y las facturas. Yo pagué un millón de francos de desplazamientos a la compañía Euralair'. La información del ex directivo de Elf ha emergido de manera semiclandestina, a través del diario Le Parisien, cuya distribución está sometida a un boicoteo sindical.

Qué duda cabe de que todos estos asuntos tienen más importancia política que jurídica. Que se lo pregunten, si no, a Jean-Christophe Mitterrand, hijo del fallecido presidente de la República. El Tribunal de Casación anuló ayer las investigaciones judiciales por 'comercio ilícito de armas' a Angola de los dos principales implicados, los hombres de negocios Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak, y en consecuencia el procesamiento por 'complicidad' del hijo de Mitterrand.

La más alta jurisdicción francesa no entra en si los hechos perseguidos son ciertos o no: se basa en que sólo los ministros de Defensa o Hacienda tienen derecho a denunciar un tráfico ilegal de armas. Y como el sumario correspondiente fue abierto a iniciativa de los servicios tributarios, anula lo actuado en una operación de venta de armas a Angola llevada a cabo en 1993 y 1994 por valor de 550 millones de dólares (más de 100.000 millones de pesetas), aunque convalida la investigación por delitos menores.