Hacienda denuncia a Ebro por un presunto fraude de 6.590 millones

Este juez investigará los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción y ayer ya tomó declaración a los peritos que harán el informe al respecto. La Agencia Tributaria considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 310.d del Código Penal (realizar anotaciones contables ficticias en los libros fiscales obligatorios) y 306, que castiga a quien defraude a los presupuestos generales de las Comunidades Europeas por importe superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena para este último delito es prisión de uno a cuatro años, y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía.

Fuentes de la empresa señalaron ayer que se trata de unos hechos sobre los que solamente se abren diligencias previas, sobre los que no hay imputados y que se refieren a campañas pasadas.

En todo caso, esas fuentes añadieron que colaborarán totalmente con el juez para delimitar las responsabilidades si las hubiera. La sociedad Azucarera Ebro Agrícola, S.A., que ahora preside José Manuel Fernández Norniella, resultó de la fusión, el 11 de mayo de 1998, de Ebro Agrícolas Cía. de Alimentación, S.A., y Sociedad General Azucarera de España, S.A. La empresa es el primer grupo alimentario español y el quinto azucarero de la Unión Europea. Para su actividad de producción, comercialización, importación y exportación tiene seis fábricas de azúcar en Castilla y León y tres en Andalucía.

La denuncia explica que para limitar las posibilidades de los fabricantes de azúcar de percibir un precio mínimo garantizado, las autoridades comunitarias fijan a cada Estado miembro las cantidades de base de azúcar A y B que pueden producir. Estos a su vez lo reparten entre sus empresas azucareras. La suma de las cuotas de ambos azúcares es la cuota máxima. El exceso es el azúcar C, que no puede comercializarse en el mercado comunitario, pero sí trasladarse a la campaña siguiente antes del 1 de enero.

Según la denuncia ante la Audiencia Nacional, los directivos de la empresa fueron culpables de producir más azúcar de la cuota fijada y trataron de ocultar la contabilidad en las campañas 1997-98, 1998-99 y 1999-2000.