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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Realidad inmigrante

La realidad se está tomando la revancha frente a una Ley de Extranjería que, en muchos aspectos, parece que hubiera sido concebida para negarla. El reglamento que la desarrolla, en trámite de elaboración, apunta a una moderación de sus preceptos más duros, inservibles para abordar con realismo algunas de las situaciones más candentes de la inmigración.

Mariano Rajoy se ha encontrado con la dificultad de su aplicación y ha optado, haciendo de la necesidad virtud, por utilizar el reglamento como correctivo de la ley. Uno de los aspectos modificados es el bloqueo a la regularización del inmigrante sin papeles. El reglamento abre esa posibilidad al inmigrante que acredite su permanencia continuada en España durante tres años y esté potencial o realmente incorporado al mercado de trabajo. Por vía reglamentaria se ha vuelto prácticamente a las posiciones de la anterior Ley de Extranjería, a la que el Gobierno del PP acusó de progresismo utópico por cuestiones como ésta. Pero, ¿no se habría ganado en seguridad jurídica si la ley, y no sólo su reglamento, hubiera reconocido esa fórmula de regularización ordinaria ofrecida al inmigrante? El Gobierno se ha dado el instrumento con el que poder regularizar la situación de las decenas de miles de inmigrantes sin papeles dejados en la cuneta por su Ley de Extranjería. Pero en unas condiciones de arbitrariedad e improvisación que explican la forma érratica en que se está produciendo.

La misma cuestión plantean las sugerencias que acaba de hacer el Consejo del Poder Judicial en su informe sobre el reglamento para que se motive la denegación de cualquier tipo de visado y se amplíe el escaso plazo de 48 horas previsto para la expulsión. Esa institución ya hizo estas recomendaciones en su informe al proyecto de Ley de Extranjería, pero los legisladores del PP no se dieron por enterados. Es posible que ahora corran mejor suerte si Rajoy quiere que la Ley de Extranjería, aunque sea por vía reglamentaria, se adapte mínimamente a la realidad de la inmigración, en lugar de seguir confrontándose a ella.

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