El gran desorden

La inmigración y el Gobierno; es en este binomio donde radica el problema, y en modo alguno en que la inmigración se constituya por sí misma en fuente de conflictos, como de manera tan pretendidamente disimulada como inequívocamente intencionada se nos intenta trasladar desde determinados ámbitos de poder y adláteres. Muy al contrario, se hace necesario insistir, porque lo obvio a veces no es evidente, que el fenómeno migratorio adecuadamente canalizado, certeramente tratado, abordado con la sensibilidad que requiere, dado que afecta horizontalmente a los países de acogida, no es ya tan sólo una oportunidad, sino fundamentalmente una contribución imprescindible para corregir déficit demográficos que enturbian el horizonte de las generaciones hoy todavía activas de las sociedades del bienestar.

Se nos anuncia una regularización, nuevamente sin contener las garantías jurídicas mínimas

La mayoría política, Gobierno y PP, han preferido, en cambio, deslizarse por la senda de lo fácil, reduciendo la cuestión, cómo no, al cálculo de los previsibles réditos/costes de su crédito ante la opinión pública. Arriesgada elección porque, si existe un ámbito donde la complejidad y lo intrincado de las variables que comprende exigen de mesura, prudencia y responsabilidad -esto es, privilegiar las respuestas efectivas antes que los arrebatos efectistas-, ése es por excelencia el terreno de la inmigración. Estamos tratando, nada menos, que de la confluencia en un mismo territorio de identidades dispares y, llegados a este punto, los errores, máxime si son de bulto, se pagan con dureza sobre todo teniendo en cuenta que el precio se cobra inevitablemente algún jirón de la convivencia colectiva.

Nada de lo anterior parece ser objeto de preocupación gubernamental. Dando muestras de una tan determinante como admirable seguridad en cuanto al acierto de sus controvertidas decisiones políticas, los responsables ministeriales nos han ofrecido a lo largo de los últimos meses una catarata de actuaciones que, sin riesgo de exageración, han merecido la categoría de auténticos despropósitos y que han conducido inexorablemente, pese a todas las advertencias, al gran desorden migratorio en el que hoy, por exclusiva responsabilidad del Gobierno, nos hallamos instalados.

Baste apuntar, como buque insignia de la política migratoria conservadora, la famosa y nunca suficientemente bien ponderada operación llevada a cabo con los inmigrantes ecuatorianos a los que se hizo víctimas propiciatorias de un delirante viaje de ida y vuelta a su país con cargo a las arcas del Estado español para acabar comprometiéndose a su regularización, una vez se hizo evidente lo descabellado de semejante ocurrencia; que, no lo olvidemos, nació como tentativa del Gobierno para intentar contrarrestar el impacto sobre la opinión pública de lo ocurrido en Lorca el pasado mes de enero, donde un accidente ferroviario puso al descubierto las condiciones infamantes en las que vivían miles de personas ante la pasividad culpable de las autoridades gubernativas.

La aún breve experiencia del ministro Rajoy al frente de la cartera de Interior ha puesto de relieve que la inmigración ha pasado a ocupar algo de su ajetreado tiempo político, antes por razones que tienen más que ver con la imagen pública del Ejecutivo que por una fundada preocupación acerca de las consecuencias de la actuación gubernamental, de sus errores, a lo largo de los últimos meses.

El avance se resume en que hemos pasado del autismo migratorio del anterior titular -con un desinterés mal disimulado por todo aquello que tuviera que ver con la materia- a la preocupación de su sucesor centrada casi obsesivamente en evitar cualquier visibilidad antigubernamental que pudiera derivarse del erratismo, las contradicciones y hasta el ejercicio sistemático de disparates con que se ha saldado el último periodo.

Mientras, los desatinos no han cesado; y en muchas oportunidades no han hecho más que agravarse porque, con tal de salvar la cara, de evitar cualquier desgaste, se adoptan decisiones improvisadas y hasta temerarias que no contribuiyen más que a agravar los problemas. Porque un Gobierno que puso tanto empeño en negar a los inmigrantes sin papeles el ejercicio del derecho a la reunión, no duda en reunirse y alcanzar acuerdos para la regularización con aquellos a quienes precisamente la intransigencia gubernamental llevó a encerrarse en distintos lugares de nuestra geografía.

La paradoja más llamativa de este particular proceder de nuestras autoridades no radica ya en que de algún modo provocó la legitimación del encierro como vía para la obtención de papeles, ni tan siquiera que se optase por un procedimiento arbitrario, sin garantías ni seguridad jurídica en relación con la obligación de cumplir con lo firmado, sino que estriba en que han inaugurado un nuevo modelo de regularizaciones 'a la carta' por territorios, sin llegar a advertir qué razones pueden amparar que los inmigrantes sean tratados de distinto modo, cumpliendo unos mismos requisitos, en razón del lugar donde vivan.

Realmente es difícil actuar de manera más desafortunada. Si en el mes de febrero el Gobierno rechazaba una iniciativa parlamentaria del partido socialista para proceder a la regularización de aquellos inmigrantes que se encontraran en nuestro país antes del 23 de enero y dispusieran de una oferta de trabajo -una respuesta a la necesidad de mano de obra que se demanda desde distintos ámbitos y ante la que el Gobierno permanece pasivo, como si no fuese con él-, después nos topamos con una sucesión de regularizaciones parciales, por territorios, caracterizadas por una arbitrariedad notoria.

La peripecia tiene un nuevo capítulo por el que se nos anuncia una regularización -por más que se intente camuflarlo, eso es lo que se ha anunciado- esta vez aplicable al conjunto del territorio nacional aunque, eso sí, nuevamente sin contener las garantías jurídicas mínimas. Se opta por regularizar, el Gobierno se desdice de su anterior posición, sin norma que ampare este proceso; por potestad del ministro. Qué lastima que, con tal de no dar la razón a la oposición, se opte por la vía de la discrecionalidad, desechando un procedimiento con todas las garantías.

Así las cosas, no puede descartarse que en el futuro inmediato tengamos que seguir asistiendo a nuevas expresiones de este ejercicio tan querido a nuestros gobernantes conservadores, por el que las ocurrencias sustituyen un día sí y otro también a la definición de una política de inmigración a la altura de un país como el nuestro, que es frontera sur de la Unión Europea y recibe cada vez con mayor intensidad la llegada de los flujos migratorios.

La derecha española sigue poniendo a las claras que su visión, su perspectiva de la inmigración se caracteriza por la estrechez; digamos que pertenece a la realidad de la década anterior y no al presente colectivo de una sociedad cuyo futuro pasa necesariamente por la adecuada canalización de la corriente migratoria que tiene por destino nuestras fronteras y por promover en serio, sin planes carentes de contenido, la integración de los inmigrantes que viven entre nosotros.

Sobran las chapuzas y falta la inteligencia y la altura de miras, desde luego necesarias para que nuestra mayoría gobernante aproveche las reiteradas apelaciones del primer partido de la oposición para construir un gran acuerdo político, anticipo de un consenso social básico, para abordar como se merece, sin miserias, la política de inmigración de España para, al menos, la presente década. Lo demás no son sino parches que pueden costar un precio demasiado elevado a nuestro horizonte colectivo.

Consuelo Rumí Ibáñez es secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE.