Las dos vías de la expulsión
La situación administrativa del presunto homicida de Pozuelo de Alarcón ha provocado una catarata de declaraciones procedentes de diversos sectores sociales. Pietro Arcan tiene abierto un expediente de expulsión y nueve antecedentes policiales, en su mayoría por robos con intimidación y violencia.
Entre quienes han manifestado su opinión figura la esposa del presidente del Gobierno, Ana Botella. En declaraciones al programa El primer café, de Antena 3 TV, afirmó que Arcan 'tenía que estar expulsado o en la cárcel'. Y añadió: 'Cuando se ha querido expulsar a alguien con situaciones parecidas se han convocado manifestaciones'. Es de suponer que la esposa de José María Aznar se refería a las protestas de algunas ONG por la reciente deportación de ciudadanos nigerianos. Ana Botella fue aún más lejos: 'Mucha gente, amparándose en un falso progresismo, dice cosas que luego pueden traer estas consecuencias'.
EL PAÍS ha consultado con abogados expertos en inmigración la situación administrativa de Pietro Arcan. Su interpretación es que el presunto homicida se ha beneficiado de la legislación del Estado democrático. 'La alternativa sería un Estado autoritario', afirman.
El procedimiento de expulsión de un extranjero puede realizarse por dos vías, explica José Antonio Moreno, de CC OO: la administrativa y la judicial. Para activar la primera es necesario que el afectado haya incurrido en alguna de las causas de expulsión que enumera la Ley de Extranjería: carecer de documentación en regla, trabajar de forma ilegal, realizar actividades contrarias al orden público... En este supuesto, la policía abre el correspondiente expediente, el extranjero hace sus alegaciones y el proceso desemboca, en su caso, en una orden o decreto de expulsión. Para garantizar su cumplimiento, la policía puede solicitar a un juez de instrucción el internamiento del individuo. Pero el procedimiento sancionador goza de garantías. Existe lo que en términos jurídicos se denomina favor libertatis: si el extranjero acredita un domicilio fijo o un trabajo, es probable que el juzgado rechace el internamiento. Ésta es la teoría. En la práctica, es raro que la policía notifique las órdenes de expulsión, por falta de medios.
La vía judicial tiene dos caminos. El primero afecta a extranjeros cuya pena es inferior a seis años. En este caso, el fiscal debe interesar la expulsión antes del juicio. Pero este supuesto colisiona con la presunción de inocencia y con los derechos de las víctimas, que pueden aspirar a alguna restitución o indemnización. El segundo camino contempla la sustitución de la pena de cárcel a un condenado por la expulsión.
Pietro Arcan tenía abierto un expediente de expulsión, pero no pesaba sobre él una orden de expulsión. Es cierto que arrastraba antecendentes policiales, pero los que cuentan son los penales.
'Éstas son garantías que rigen para todos, españoles y extranjeros', explica el abogado José Antonio Moreno. 'Si alguien quiere que los extranjeros no tengan derechos, que lo diga claramente'.
