Las cuentas de Piqué

La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo avaló ayer, por diez votos contra dos, el informe del fiscal Bartolomé Vargas que propone citar en calidad de imputado al ministro de Exteriores, Josep Piqué, para que declare ante la máxima instancia judicial sobre su participación en la venta de la petrolera Ertoil por parte de la empresa Ercros, en 1991. En sus conclusiones provisionales, el fiscal considera que de los 41.400 millones de pesetas pagados en esa operación han desaparecido 18.300 millones y otros 10.000 millones se han diluido en el pago de comisiones. Piqué era en ese momento consejero, miembro de la comisión ejecutiva y director de estrategia de Ercros, empresa encuadrada en el conglomerado que manejaba Javier de la Rosa.

Se trata de una decisión técnicamente cualificada y solvente, tomada por la instancia del ministerio fiscal más legitimada para hacerlo, que debería bastar para que la justicia se pusiera en marcha y actuara con Piqué de la misma forma en que lo ha hecho con el resto de los miembros del Consejo de Administración de Ercros. Los fiscales entienden que el Supremo debe asumir plenamente la competencia del caso (dejada en suspenso durante el tiempo que ha necesitado la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios para determinar el destino del importe de la venta) y tomar declaración como imputado a Piqué por los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida y fraude fiscal.

La decisión por parte del fiscal general, Jesús Cardenal, de convocar la Junta General de Fiscales del Supremo parece indicar que se mantiene la voluntad de injerencia frente a resoluciones que supongan riesgo de imputación formal del ministro. Esas instancias estarían legitimadas para intervenir si existiera riesgo de ruptura de la unidad de criterio del ministerio fiscal. Sin embargo, ¿en qué puede afectar a esa unidad que el ministerio fiscal actúe con Piqué en los mismos términos en que lo ha hecho con el resto de los consejeros de Ercros ante la Audiencia Nacional? Actuar de modo distinto supondría la ruptura flagrante de esa unidad de criterio. La cúspide jerárquica del ministerio fiscal no puede, una vez más, ser más sensible a los deseos del Gobierno que a los intereses de la justicia y erigirse en obstáculo de la actuación ordinaria de la institución en defensa de la legalidad.

Salta a la vista que la probable imputación formal de Piqué tiene nervioso al Gobierno, y en especial a Aznar, que aparece públicamente cada vez más enfadado. Entre otras cosas, porque pondría a prueba la solidez de su doctrina sobre la autonomía de la responsabilidad política respecto de la penal. Aznar se ha adelantado a los acontecimientos y se ha erigido en juez paralelo que determinará 'el fundamento de la imputación antes de tomar medidas'. El caso Ercros sucedió antes de la llegada del PP al poder, pero concierne al actual Gobierno en la medida en que afecta a uno de sus miembros. Por lo demás, el propio Piqué ha expresado su deseo de declarar en sede judicial. ¿A qué espera Aznar para complacerle?