Hungría ensancha su 'imperio'

A pesar de las críticas de los países vecinos, el Parlamento de Hungría adoptó ayer una controvertida ley que otorga derechos especiales a la minoría magiar que vive en los países limítrofes con Hungría. La nueva ley concede a cerca de 3,5 millones de húngaros que habitan en estos últimos países el derecho a trabajar legalmente en Hungría tres meses cada año, educación universitaria gratuita y otros derechos en materia de sanidad.

La ley afecta a más de 1,5 millones de húngaros que viven en Rumania, 600.000 en Eslovaquia, 350.000 en la República Federal de Yugoslavia (concretamente, en la república serbia de la Voivodina), 200.000 en Ucrania, 22.000 en Croacia y 10.000 en Eslovenia.

Hoy día, los magiares acuden libremente a Hungría, donde, sin embargo, trabajan ilegalmente. Hungría, país dentro del pelotón de cabeza de los candidatos a ingresar en la Unión Europea antes de 2004, busca con esta ley legalizar a sus residentes y evitar así en el último momento una avalancha de inmigrantes temerosos de quedarse fuera de la Unión. La UE exige a Hungría la resolución de las tensiones con sus Estados vecinos para su integración en las instituciones internacionales. Hungría entró a formar parte de la OTAN en 1999. Una lucha eficaz contra la delincuencia es también una condición previa para que su candidatura a la integración en la Unión tenga éxito. El país centroeuropeo es protagonista de una auténtica ola de violencia a cargo de mafias de todo tipo y nacionalidad, como ocurre en otros países del antiguo bloque comunista.

La formación de estas minorías magiares en los países circundantes a Hungría fue la consecuencia del Tratado de Trianón en 1920, que amputó al país dos tercios de su territorio. Ninguno de los tratados de paz de París fueron más drásticos en sus términos que el Tratado de Trianón. El final de la gran guerra y el tratado redujeron el antiguo reino de Hungría, que no sólo fue mutilada, sino también desmembrada. En 1920, los territorios y personas húngaros fueron distribuidos a través de al menos siete Estados distintos. 'Con esta ley vivimos la reunificación de la nación húngara antes de entrar en la Unión Europea', manifestó el ministro húngaro de Exteriores. Martonyi afirmó ayer que esta ley, aprobada por un 92% de los votos, es 'la respuesta adecuada a la situación actual de los húngaros fueras de las fronteras de Hungría'. Esta votación 'histórica' muestra que 'existe un verdadero acuerdo sobre este tema', declaró Martonyi.

El presidente de Rumania, Ion Iliescu, cuyo país alberga a más de 1,5 millones de húngaros, calificó la ley de 'discriminatoria'. 'No podemos aceptar poner en marcha en nuestro Estado una ley adoptada en otro país', dijo el primer ministro de Rumania, Adrian Nastase. 'Desde nuestro punto de vista, la ley no se aplicará a los húngaros que viven en Rumania', manifestó Nastase. 'Una ley aprobada en Budapest no tiene efecto en Rumania fuera del tratado bilateral de 1996', puntualizó el primer ministro. Un comunicado del Gobierno rumano dejó claro ayer que el tratado de 1996 con Hungría estipula que las minorías húngaras tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos que viven en Rumania.

El primer ministro eslovaco, Mikulas Dzurinda, expresó su inquietud, ya que, según él, la aplicación de esta ley sólo conseguirá 'envenenar las relaciones [entre los diferentes grupos étnicos] tanto entre los países vecinos como entre Hungría y estos países'.

La ley adoptada ayer por el Parlamento húngaro es aplicable para todos los étnicos magiares que viven en los países vecinos de Hungría, excepto Austria. La Comisión Europea advirtió a Budapest contra una discriminación entre los húngaros incorporados a Austria desde 1920 y los que emigraron a ese país a partir de 1995, fecha de entrada del país austriaco en la UE.

El proyecto de ley inicial presentado al Parlamento el pasado mes de abril ha sido edulcorado para tener en cuenta las diversas críticas. Budapest continuará sus consultas con sus vecinos para clarificar la aplicación de esta ley antes de su entrada en vigor en 2002.