Los responsables de sanidad animal creen que el virus ha llegado a Lleida por el tráfico ilegal de cerdos

Grau anunció la retirada de las guías sanitarias a las empresas cuyos animales hayan dado positivo en los análisis. De esta manera, Agricultura podrá tener un mayor control de los movimientos de ganado. También dijo que mientras no se conozca el origen de la peste no podrán descartarse nuevos brotes.

Técnicos de Agricultura hacen firmar a los titulares de las explotaciones declaraciones juradas sobre el origen de los animales.

El coordinador general del sindicato Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, cuestionó las explicaciones que se han dado sobre las causas que han provocado la reaparición de la peste porcina clásica en Cataluña. 'La teoría de que fueron unos caballos importados de algún país del Este', afirmó, 'nos parece poco creíble. Pensamos que alguien ha estado jugando sucio con el sector y lo va a pagar muy caro si se descubren irregularidades'.

El responsable del porcino de UP, Rosend Santiveri, criticó la imprudencia de los productores que realizaron movimientos de cerdos tras la orden de inmovilización. Los responsables de sanidad animal no excluyen que la causa de la llegada del virus a Lleida esté relacionada con el tráfico ilegal de cerdos.

Memoria de 1997

Los ganaderos de Lleida estaban ayer muy nerviosos por las consecuencias que puede acarrear para el sector la posibilidad de que los dos focos declarados deriven hacia una epidemia como la que se registró en 1997, que diezmó la cabaña de porcino en una de las principales zonas productoras de Europa y arruinó a pequeños propietarios de explotaciones. También entonces hubo desorientación, movimiento irregular de ganado de granjas infectadas a zonas libres de peste y problemas para eliminar a los animales enfermos.

Pero esta vez, a diferencia de hace cuatro años, se ha transmitido la sensación de que los responsables de sanidad animal han reaccionado con rapidez, se han sacrificado cerdos sin esperar los análisis y se han reconocido oficialmente los brotes cuando se ha tenido la confirmación de los laboratorios de referencia. En 1997, las organizaciones ganaderas acusaron al Departamento de Agricultura, dirigido por Francesc Xavier Marimon, de haber tardado más de dos meses en declarar la peste para no perjudicar algunos intereses del sector. Hubo una especie de pacto de silencio entre la Administración y los principales productores para ocultar el mayor tiempo posible la existencia del virus en las granjas de Lleida.

Los ganaderos argumentaron que el tiempo transcurrido fue crucial para que la peste se extendiera. Duró más de un año, obligó a sacrificar un millón de cerdos y tuvo un coste económico para la Administración de 20.000 millones de pesetas.