El revés de la trama

El pasado domingo oí en la Cadena SER unas declaraciones de Javier Arenas a propósito del conflicto por el incumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía por El Monte y Caja San Fernando. En dichas declaraciones el secretario general del PP afirmaba expresamente que el conflicto evidenciaba que nos encontrábamos en 'la fase terminal de un ciclo político' y que solamente así podía explicarse lo que estaba ocurriendo. Nada parecido, concluía, había ocurrido en Andalucía en los últimos 20 años.

La sinceridad de Javier Arenas es de agradecer, auque su memoria sea frágil. Mucho más grave que el conflicto generado por las cajas de ahorro sevillanas fue la estrategia de 'gobernar desde el Parlamento' puesta en práctica por el PP e IU en la legislatura de 1994-1996. Ese ha sido, con mucha diferencia, el momento de mayor riesgo no sólo para el autogobierno andaluz, sino para el Estado de las Autonomías en su conjunto. De la misma manera que en 1980 a través del referéndum del 28-F los ciudadanos andaluces consiguieron impulsar la construcción de la estructura del Estado que la Constitución posibilitaba, así también en 1996 -al rechazar expresamente la estrategia de 'gobernar desde el Parlamento'- sacaron al Estado de las Autonomías del callejón sin salida en que se le estaba metiendo. No se puede aceptar que se rompan las reglas del juego para llegar al poder.

Y esto es algo a lo que el PP en Andalucía tiende de manera reiterada. ¿Cómo se puede desde un partido que pretende ser el Gobierno de Andalucía boicotear la aplicación de una ley aprobada por el Parlamento de la comunidad dando cobertura política a las ambiciones personales y los intereses privados de los miembros de los consejos de administración de unas cajas de ahorro que quieren evitar la renovación simplemente para seguir en sus puestos? Ya resulta difícil de entender que se alineara detrás de la Iglesia y que fuera el presidente del Gobierno de la nación el que interpusiera un recurso de anticonstitucionalidad contra la disposición adicional primera de la Ley para evitar la renovación de los órganos de Cajasur, pero al menos en este caso se hizo uso de una posibilidad contemplada en la Constitución (art. 161.2) y, en consecuencia, desde el punto de vista de las reglas del juego, no hay nada que objetar. Pero intentar, al margen de cualquier norma jurídica, estatal o autonómica, que no se produzca la renovación en los órganos de gobierno de las demás cajas de ahorro en los términos previstos en la Ley andaluza, no es que resulte difícil de entender, sino que es pura y simplemente un golpe bajo al sistema democrático articulado a través de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. ¿En qué precepto de la Constitución o del Estatuto de Autonomía puede encontrar fundamento la posición del PP en su estrategia respecto de la Ley de Cajas? Si lo que se considera es que ninguno de los órganos de gobierno de las distintas cajas andaluzas debe renovarse para adaptarse a la ley, ¿por qué no se extendió también el recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones transitorias y se interpuso sólo contra la disposición adicional?

A ninguno de estos interrogante puede dar respuesta el PP, porque lo que ha puesto en marcha no es una operación jurídica, sino una operación antijurídica, de acoso y derribo por una vía fáctica de un Gobierno democráticamente constituido. En 1994-96 se fracasó con el ataque frontal que protagonizaron Javier Arenas y Luis Carlos Rejón. Ahora se pretende conseguir lo mismo de manera solapada y espuria. Entonces el PP tiraba la piedra sin esconder la mano. Ahora pretende esconderla, pero la sigue tirando. Detrás del incumplimiento de la Ley de Cajas hay, por supuesto, ambiciones personales e intereses privados, pero tales ambiciones e intereses no tendrían consistencia para generar un conflicto institucional sin la cobertura política del PP.

Hace unas semanas me interrogaba en esta misma columna por los favores ocultos que podían existir entre la dirección del PP y los presidentes de las cajas sevillanas. Y me lo preguntaba por una sencilla razón. Cuando un partido de la oposición, como es el PP en Andalucía, se encuentra con que se publica en los medios de comunicación el contenido de un acta de inspección del Banco de España que pone en cuestión la gestión de los presidentes de dos cajas de ahorro militantes del PSOE y designados presidentes única y exclusivamente por su condición de militantes de dicho partido, la única reacción políticamente explicable es la de exigir al Gobierno socialista la responsabilidad por haber puesto al frente de dos entidades financieras a dos personas cuya solvencia es puesta en cuestión por el Banco emisor. En lugar de reaccionar de esta manera, el PP reaccionó contra la filtración. ¿Por qué? ¿A qué obedecía el apoyo de la presidenta del PP a los dos presidentes socialistas cuestionados por el Banco de España? ¿No sería que tanto la una como los otros están en la misma operación?

La sinceridad de Javier Arenas ha despejado estas incógnitas. Por supuesto que lo que está ocurriendo en Andalucía en estos últimos meses no ha ocurrido en los últimos veinte años. Pero tampoco ha habido ninguna comunidad autónoma en la que se impidiera la aprobación de los presupuestos durante dos años consecutivos y a la que se le ha negado el reconocimiento de la población a efectos de la financiación y muchas cosas más. Lo que se está haciendo con la Ley de Cajas es la prolongación de lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Solamente que ahora no se hace a las claras, sino de manera solapada.

Esto es algo de lo que todos los partidos andaluces deberían tomar nota. Pero en particular el PSOE. Aquí nadie puede ni debe llamarse a engaño. Cuando desde el mundo empresarial se anuncia 'beligerancia' hay que responder que no se quiere beligerancia alguna, pero que tampoco se la teme. Si no se planta cara en defensa de la ley aprobada por el Parlamento, será peor. El poder democráticamente legitimado no puede rehuir un desafío de esa naturaleza. El Gobierno es el primer obligado en defender las reglas del juego democrático gracias a las cuales es lo que es. En esto no se pueden tener dudas ni se pueden admitir vacilaciones.