Una trama turbia que salpica a todos

El informe definitivo del Parlamento brasileño sobre el uso de pasaportes falsos asegura que en el escándalo están implicados decenas de clubes, intermediarios, empresarios y los propios futbolistas. En España se cita el caso de Gil, del Lorca, y Oliveira, cuyo fichaje fue desestimado por el Mallorca, y se apunta que, entre otros, han sido o están siendo investigados Jameli, del Zaragoza; Doriva, del Celta; Magno, del Alavés; y Baiano, de la UD Las Palmas. El documento no fue votado en la madrugada del jueves, en contra de lo previsto, y será enviado a la fiscalía para que inicie las investigaciones penales correspondientes.

Según sus indagaciones, los relatores del dossier indican que 'no existen dudas de la implicación en el caso de los clubes y sus dirigentes, empresarios, intermediarios y los propios jugadores; todos ellos se lucraban con esas operaciones'. 'Se puede afirmar de forma conclusiva', dice el documento, 'que el epicentro de la emisión de pasaportes [para que los brasileños puedan jugar en Europa como comunitarios] es Portugal'.

El empresario brasileño Jimmy Martins reconoció ante la comisión investigadora que él mismo y otros intermediarios del fútbol organizaban la compra de pasaportes en Lisboa a través de varias personas supuestamente relacionadas con la Policía portuguesa. El empresario uruguayo Juan Figger contrató los servicios del intermediario español Herminio Menéndez y su socio en Marbella (Málaga), el yugoslavo Miroslav Nestorovic, para obtener en Lisboa un documento para Edu, traspasado del Corinthians al Arsenal.

Menéndez y Nestorovic, propietarios de un centro deportivo en Marbella utilizado en ocasiones para las pretemporadas de algunos equipos, establecieron contacto con 'J. Caldeira (blanco, cabellos negros, buena presencia, de unos 35-40 años y teléfono...), quien les informó que tenía una empresa que podía resolver el problema en dos semanas, a cambio de lo cual pretendía reservar el centro deportivo de Marbella para un equipo alemán'. Nestorovic explicó que Caldeira, con quien se había reunido dos veces en Marbella, le explicó que trabaja con Joaquím Silva y Domingos Djalo'. Meses después de ser alertadas por los diputados brasileños, las autoridades portuguesas mantienen el secreto del sumario.

'Una extensa red'

El informe asegura que diversos clubes brasileños están implicados en 'esta extensa red' e identifica a un grupo de empresarios: 'António de Oliveira, Careca, y Edmar Bernardes (implicados en el traspaso de Jeda y Dedé al Vicenza); Jimmy Martins (también por el caso de Jeda y Dedé); Roberto Gambaster (Kleber); Juan Figger (Warley, al Udinese, y Edu, al Arsenal); José Mario Pavan (Jeda); António Cassas de Lima, ex presidente del consejo del Moto Club e implicado en el traspaso de Gil al Lorca y receptor de la venta de Kleber y Delson... Además, se encuentran implicados 'los dirigentes de equipos como el Vicenza, el Milan, el Udinese, el Saint Étienne o el Feyenoord'.

Además del caso Gil, quien llegó a tener dos pasaportes falsos y uno auténtico, el documento señala que en España fue negociado el traspaso del goleador Oliveira. 'Procedente del São João de Ararás, de São Paulo', dice, 'fue negociado con el Mallorca con un pasaporte falso. Una vez descubierto, regresó a Brasil e hizo llegar a la comisión investigadora el original del documento falsificado'.

El informe añade que la FIFA ha aceptado diversas recomendaciones brasileñas para reprimir el uso de pasaportes falsos. En este sentido, solicitó a las federaciones y a la UEFA 'mayor rigor en las investigaciones y un castigo ejemplar tanto para los jugadores como para los clubes'. Asimismo, recomendó que las sanciones fueran aplicadas 'lo más rápido posible, independientemente de la actuación de la justicia ordinaria'. Como ejemplo, subrayó el caso de Garay, un argentino que jugaba en el Estrasburgo, francés, y que fue suspendido inicialmente por tres meses en Francia. La FIFA decidió ser más rigurosa y le amplió la sanción a nivel mundial.

La FIFA estudia también la creación de un registro de jugadores extracomunitarios que sería actualizado y divulgado periódicamente para evitar el fraude. Asimismo, plantea que los clubes sean obligados a declarar ante las autoridades nacionales -policía y servicios de inmigración- la contratación de todos los jugadores extranjeros con su correspondiente documentación.