Ciudad y ciudadanía
Recientemente, el Partido Popular se ha negado a ratificar tres protocolos de desarrollo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950), que tienen mucho que ver con los derechos de los inmigrantes.
Así, el protocolo número 4 (1963) prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros, el protocolo número 7 (1984) establece una serie de garantías procesales en los casos de expulsión de extranjeros (indemnización por error judicial, derecho a no ser juzgado o castigado dos veces por un mismo hecho, derecho a recurso...) y el protocolo número 12 (2000) que asegura el disfrute de cualquier derecho sin sufrir discriminación alguna.
Como expresamente dijo la representante del PP en la Comisión Constitucional del Congreso: 'En el momento actual, ratificar los protocolos 4 y 7 significa un índice de probabilidad muy elevado de sentencias constatando violación de dichos protocolos en España, conllevando la exigencia de modificar, en cumplimiento de lo exigido por Estrasburgo, nuestra actual realidad jurídica'.
Esa realidad jurídica es la representada por la nueva Ley de Extranjería (L.O. 8/2000) cuya inconstitucionalidad, con toda certeza, será declarada por el Tribunal Constitucional porque el articulado vulnera derechos fundamentales (reunión y manifestación, asociación, sindicación, huelga y tutela judicial efectiva) y nos aleja de Europa.
Lo cierto es que esa Europa, todavía construyéndose, necesita de la inmigración para sostener sus ritmos de crecimiento económico, demográfico y de población activa, así como para mantener su sistema de pensiones y beneficios sociales, en definitiva, para mantener el nivel de vida alcanzado.
Al propio tiempo, a nadie escapa que la afluencia masiva de inmigrantes se produce básicamente en las ciudades, fruto del propio proceso de globalización y acelerada urbanización.
Desde ese punto de vista, los gobiernos municipales deben participar activamente en la política de inmigración, los aspectos sociales, sanitarios, educativos o de vivienda son competencias compartidas por los distintos niveles de la Administración, y entre ellas, la cercanía de las corporaciones locales las sitúa en una posición especial para desarrollar esa política.
Como expresan Castells y Borja: 'Democracia local es ciudadanía. Todos los hombres y mujeres que viven en las ciudades son y deben ser iguales en derechos políticos y sociales. No hay ciudadanía si no hay igualdad jurídica, sea cual sea el origen nacional o étnico. Por lo tanto, es legítimo el derecho de todos los habitantes y de todas las familias a participar en la vida política local. Pero tampoco hay ciudadanía si hay exclusión social, si se constituyen guetos para la población inmigrante, si no se toleran las diferencias y las identidades de cada grupo y si se tolera la intolerancia. No hay ciudadanía si la ciudad como conjunto de servicios básicos no llega a todos sus habitantes y si no ofrece esperanza de trabajo, de progreso y de participación a todos. La ciudad debe ser un espacio de fraternidad'.
En ese mismo sentido, en las conclusiones de la Reunión Regional Europea de Comités Nacionales Habitat II (1995) se puede leer: 'El derecho a la ciudad para todas las poblaciones que viven los procesos de urbanización, favoreciendo su acceso real a la ciudad y a la ciudadanía, debe ser un principio básico de la acción pública. El derecho a la ciudad incluye vivienda, barrio equipado materialmente y valorizado socialmente, articulación con el conjunto de la ciudad, disponiendo de acceso fácil a sus centralidades, posibilidades de empleo y de formación adecuada e igualdad política y jurídica de todos los habitantes. El ejercicio de este derecho puede requerir políticas de discriminación positiva, y valorización cultural, para aquellos barrios o grupos en situación de marginación por razones económicas, sociales o culturales, tanto en las ciudades propiamente dichas, como en las periferias y las áreas rurales'.
Me pregunto si la derecha que nos gobierna es capaz de prever los procesos que inevitablemente hemos de vivir y que ya estamos viviendo, la ausencia de una política de inmigración que debería ser compartida por todos, encauzada y programada entre los diversos agentes sociales y políticos, puede dar algún rédito electoral inmediato, pero a medio y largo plazo puede generar problemas de difícil solución. La vigente y discutida Ley de Extranjería es un buen botón de muestra.
Junto a esa política improvisada, se va produciendo una política de lluvia fina, de deterioro de la enseñanza pública, de privatización de la sanidad y los servicios sociales, de permisividad de empleo precario y economía sumergida y de generación exagerada de vivienda inaccesible para quienes carecen de suficientes medios. Una política, en fin, que ya se adivina disgregadora y discriminatoria. Una ciudad con ciudadanos de primera y de segunda.
Ana Noguera Montagud es portavoz del Grupo Socialista-Progresista en el Ayuntamiento de Valencia.
