Un tribunal exige que el CSN diga si el 'Tireless' puso en riesgo 'concreto' al Campo de Gibraltar

Pero el auto de la Audiencia de Cádiz presenta ramificaciones que van más allá de lo coyuntural del suceso del submarino averiado y así hasta se incluye una rápida interpretación del Tratado de Utrecht, suscrito el 13 de julio de 1713 entre el Reino de España y el de la entonces Inglaterra.

En mayo de 2000, el Tireless atracó en el puerto de Gibraltar con una fuga en el circuito de refrigeración de su reactor nuclear, que se había detectado días atrás cuando navegaba por el Mediterráneo. Varios meses después, en un debate ante los micrófonos de la radio BBC 4, un alto cargo relacionado con los asuntos nucleares de la Royal Navy admitía que Londres ordenó parar el reactor cuando se detectó la fuga y que más tarde también decidió que se pusiera en marcha de nuevo. Aunque horas después se volvió a suprimir la propulsión nuclear de la nave, en todo este proceso se vertió al mar una cantidad indeterminada de agua supuestamente contaminada al mar, también supuestamente en aguas internacionales. La Audiencia de Cádiz considera que la jurisdicción española es competente en este caso, ya que el submarino entró posteriormente en aguas españolas. Pero hay más.

El auto en el que se revoca el archivo de la denuncia de la Junta y de la Mancomunidad de Municipios que ordenó en octubre pasado un Juzgado de Instrucción 2 de La Línea ordena que se le pida al Consejo de Seguridad Nuclear un informe en el que se valore el riesgo que pudo suponer para los habitantes y el medio ambiente del Campo de Gibraltar la llegada y la reparación del sumergible, tal y como se pedía en la denuncia original.

Este informe se perfila así como la pieza fundamental y decisoria para la imputación de Hawthhorne. Durante los 353 días que el Tireless permaneció en la colonia, el CSN ha restado dramatismo a la situación y en sus comunicados oficiales nunca ha sostenido que el posible riesgo fuera relevante. Se prevé que su postura no varíe y que el informe para el juzgado minimice la posible de que Hawthorne cometiera delito alguno. Aún así, aún quedarían abiertas a posibles actuaciones judiciales el supuesto vertido contaminante en aguas internacionales o de terceros países y la cuestión de la jurisdicción de las aguas que rodean el Peñón.

El auto vuelve a poner sobre el tapete el Tratado de Utrecht y las tesis que sostienen que en él no se contempla que el Reino Unido disponga de aguas jurisdiccionales. Nadie puede predecir lo que sucedería si este tema se introduce de una manera u otra en el sistema judicial. Sin embargo, el tratado suscrito en 1713 entre los monarcas español e inglés (aún no existía el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte), no es muy detallado. Así, en su décimo artículo, las aguas que rodean al Peñón no aparecen entre las cesiones: 'La dicha propiedad se cede sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra'.

En su decisión, la Audiencia de Cádiz subraya que es preciso investigar para saber si ha habido un 'peligro concreto para la vida, salud, integridad de las personas o para el medio ambiente, riesgo concreto que, a tenor de las partes personadas se ha producido sobre la población del Campo de Gibraltar, es decir, que el delito se entiende cometido en el lugar donde se encuentran las personas cuya vida, integridad o salud puede verse amenazada'. Por todo ello, el auto señala que la Justicia española es competente para investigar si el Tireless produjo algún daño, pese a que el submarino ya ha zarpado del Peñón.