El PSOE sospecha que el PP usa el 'caso Tortosa' para derribarle en Burgos

La situación política en Tortosa, población de Tarragona de 25.000 habitantes, en el corazón de la comarca del Delta del Ebro, trae de cabeza hace días a las direcciones nacionales del PP y del PSOE. El nivel de la interlocución ha llegado a afectar a los secretarios generales de ambos partidos, aunque ayer se escondieron tras las misivas que se cruzaron con mucha ironía y educación los responsables de organización del PP y del PSOE.

El 2 de julio de 1999, tras las últimas elecciones municipales, se firmó en Tortosa un pacto de gobierno entre el PSC e Iniciativa d´Esquerres (7 ediles) y el PP (6) para dejar en la oposición a CiU (7). El alcalde resultó Joan Sabaté, del PSC.

El PP no se volvió a preocupar por Tortosa, al menos públicamente, hasta que la aprobación por parte del Gobierno del Plan Hidrológico Nacional desató una fuga de sus filas en varios ayuntamientos de la comarca del Ebro. Y esa oposición al macrotrasvase fue la razón que todos ellos esgrimieron, también los cuatro concejales de Tortosa, para marcharse del PP y desatar una crisis en ese Gobierno local. Esos cuatro concejales no dejaron el equipo de Gobierno y fueron adscritos al grupo mixto. El alcalde se mantuvo y expulsó de su gobierno a los dos únicos ediles que permanecieron en el PP.

El PP sostiene que los cuatro concejales que siguieron con el alcalde son tránsfugas y que al permitir así que el alcalde socialista se mantuviese en el poder han vulnerado uno de los puntos del pacto antitransfuguismo. El secretario general del PP, Javier Arenas, que la semana pasada emplazó por carta al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a arreglar el asunto, dio ayer a entender que el PSC llevaba semanas sondeando a los ediles del PP para evitar una posible moción de censura de CiU.

A la carta de Arenas contestó José Blanco, secretario de Organización del PSOE, el 1 de junio, precisando rápidamente al principio que lo hacía 'por indicación de mi secretario general'. Y en la misma aprovechaba para subrayar que había encargado una 'información' sobre lo ocurrido en Tortosa al responsable del área municipal, Álvaro Cuesta, y para apuntar que en principio no observaban ninguna vulneración del pacto antitransfuguismo, porque en Tortosa no se había constituido con la utilización de tránsfugas mayoría alternativa alguna.

Blanco no desperdició el momento para reprochar al PP el uso de tránsfugas para presentar mociones de censura contra alcaldes socialistas en Los Molinos (Madrid), Cabrales y El Franco (Asturias), San Roque (Cádiz) y Mislata (Valencia). Los socialistas temen una operación similar en Burgos y están preocupados por si la extienden a Granada.

El coordinador nacional de Organización del PP, Pío García Escudero, respondió este miércoles a Blanco y, tras acusar recibo de su respuesta 'a mi secretario general', evita desde la primera línea entrar a discutir otros problemas que el de Tortosa, porque cree que no son 'objeto de debate'. Álvaro Cuesta, de la Ejecutiva del PSOE, entiende que esa postura es muy cínica y demuestra que el PP piensa que 'tiene derecho de pernada o que por revelación divina puede hacer lo que le venga en gana'.

García Escudero reproduce en su escrito el punto del pacto vulnerado por el alcalde de Tortosa por 'mantenerse' en el cargo o apoyar iniciativas provenientes de tránsfugas. El dirigente del PP le volvió a reclamar a Blanco medidas contra el alcalde. García Escudero rechazó comparar los casos de mociones con tránsfugas de municipios pequeños esgrimidos por el PSOE con Tortosa, localidad a la que le da una significación especial por el Plan Hidrológico y por las relaciones con CiU.

Arenas emplazó al PSOE a resolver este caso en una semana, porque si no tomará medidas. No las quiso precisar. En el PSOE sospechan que el PP se vengará con Burgos. Fuentes del PP interpretan que dejarán de sentirse vinculados por el pacto. Cuesta, por si acaso, ofreció anoche al PP revisar el pacto, mejorar todos los fallos que se han apreciado desde que se validó en septiembre pasado e incluso estudiar un estatuto del concejal para concederle mayor protección.