Terror callejero

Pocos episodios como la vandálica actuación de los encapuchados de Bergara (Guipúzcoa) pueden refutar de forma más categórica la tesis de la 'ocupación militar' de Euskal Herria con la que el mundo de ETA pretende justificar el recurso a la violencia terrorista. Como en otros muchos antecedentes de ataques urbanos masivos en localidades vascas, no hubo circunstancia alguna que pudiera invocarse como 'provocación' o detonante; la incursión destructora de medio centenar de bárbaros estaba perfectamente planificada; los destinatarios de su acción intimidatoria no eran otros que sus conciudadanos, miles de vecinos de Bergara que celebraban en paz sus fiestas patronales, y fue la policía vasca la que tuvo que intentar paliar los destrozos causados por los aprendices de terroristas. Como en otras muchas ocasiones, demasiadas ya, ninguno de los participantes en el ataque ha sido detenido todavía.

El Departamento vasco de Interior considera que ataques de este tipo demuestran que la llamada kale borroka está dejando de ser un 'terrorismo de sustitución' o auxiliar, destinado a recordar que el 'conflicto' sigue ahí en los momentos en que ETA no puede realizar atentados, y ha pasado a formar parte integral de la estrategia terrorista. Es posible. El diseño de algaradas anteriores avala esta tesis, que encuentra su principal apoyo en el hecho de que gran parte de las últimas hornadas de activistas y dirigentes de ETA se ha curtido en este tipo de violencia, aplicada específica y deliberadamente contra los ciudadanos vascos.

Como ocurriera la semana pasada tras el asesinato de Santiago Oleaga, el portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Jon Imaz, ha empeñado 'todos los medios' de la Ertzaintza para detener y llevar ante el juez a los responsables de los incidentes. Ese compromiso renovado ayer supone un cambio apreciable de énfasis, al menos declarativo, respecto a un pasado todavía reciente. Pero debe ser acompañado cuanto antes de decisiones y medidas tangibles. Dirigentes del sindicato Erne, mayoritario en la Ertzaintza, han repetido que la falta de eficacia de este cuerpo ante el fenómeno de la violencia callejera no se debe a la incapacidad de los agentes, sino a la falta de respaldo político por parte de sus responsables y al desmontaje, a partir de la tregua de ETA y la dinámica del Pacto de Lizarra, de los equipos de información que trabajaban en este frente. No deja de ser preocupante -y hay que evaluarlo como un rotundo fracaso policial- que la Ertzaintza no lograra detener a ninguno de los participantes en la batalla urbana del pasado domingo en Bergara, lo que hubiera ayudado mucho a la investigación de estas tramas.

Es probable que no sea sencillo llegar hasta los aledaños de la organización terrorista, como se alega desde el Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan. Pero en este terreno resulta especialmente inadecuado responder a las críticas sobre la llamativa escasez de detenciones de la Ertzaintza en estos episodios repetidos invitando a comparaciones incomprobables con la eficacia de otros cuerpos policiales en este ámbito. Uno de los grandes argumentos invocados desde el nacionalismo para la asunción por la Ertzaintza del protagonismo en la lucha contra ETA en Euskadi fue la ventaja que iba a tener en materia de información y colaboración ciudadana respecto a los otros cuerpos policiales, por el enraizamiento en la sociedad vasca y el conocimiento del euskera por parte de sus agentes.

El primer paso para proteger con eficacia a los ciudadanos de los embates del terror quizá sea político y consista en desterrar la ficción, también política, de que detrás de la violencia hay unas ideas que deben ser atendidas; desprenderse de ese candor que lleva al alcalde peneuvista de Bergara a preguntarse: '¿Qué es lo que quieren con esa actitud?'. Pues lo mismo que siempre: imponer su voluntad a los demás. Preferiblemente, a las bravas.