Los consejos sociales: un aparato de 300 millones

La nueva ley valenciana de Consejos Sociales es, en realidad, el meollo, el núcleo esencial a partir del cual se desarrollará el modelo universitario de los populares que, como dejó bien claro el presidente José María Aznar en Valencia, busca que 'las universidades rindan cuentas a la sociedad' y 'ampliar la participación social' en los órganos de la universidad. Así está previsto en la LOU: los consejos tendrán el tercio del claustro, otro tercio en el consejo de gobierno y se ampliará la participación de los miembros designados por el Gobierno hasta el 33% de los 30 cargos máximo que tendrán los consejos en la LOU y en la ley valenciana. La Comunidad será la primera en implantar este sistema, por el que el Consell designará 'a medio centenar de personas' en poco tiempo. Es decir, en cuanto el anteproyecto pase el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, en el que entró con carácter 'urgente' hace dos semanas. Esto podría ocurrir, según fuentes de la Administración, esta misma semana y una vez cumplido este trámite pasaría a las Cortes.

De aprobarse el proyecto antes de septiembre el Consell deberá de tener listos los nombres de los tres consejeros designados por Educación (que, según fuentes de la Administración, serán los inspectores nombrados por el PP que acaban de ser consolidados en la polémica oposición); los dos designados por Hacienda (se contempla nombrar a economistas del IVIE); el de las dos personas de reconocido prestigio (se barajan nombres de reconocidos socialistas). Así como el del vicepresidente y el secretario de la nueva estructrura que se creará paralela al equipo rectoral. Un potente aparato que representa diez nombramientos por universidad y un sobrecoste estimado de 60 millones.

Es decir, el Consell nombrará medio centenar de funcionarios designados por él mismo con amplias competencias en materia de planificación y gestión universitaria, según el anteproyecto que se tramitará, cuyo personal costará unos 300 millones más al conjunto del sistema universitario. Todo ello, sin contar aún el presupuesto propio que tendrá cada consejo social.

Lo que el Gobierno valenciano reconoce, sin embargo, es que la polémica creación del potente Consejo Interuniversitario de Consejos Sociales (previsto también en el borrador) no se implantará en esta primera fase. 'De momento, no vamos a correr ese riesgo', reconocen fuentes de la Administración, 'esperaremos a que esté aprobada la reforma en Madrid'.