El 75% de los edificios protegidos sigue sin pasar la inspección técnica

Todos los propietarios de viviendas, oficinas o fábricas están obligados a realizar la inspección técnica de edificios al cumplir 20 años de su construcción. Esta medida entró en vigor en enero de 2000 con el fin de evaluar y garantizar la salud de los 180.000 inmuebles existentes en la capital. En el caso de viviendas o locales comerciales integrados en comunidades de propietarios, el deber de inspección corresponde a la propia comunidad.

El calendario establecido por el gobierno municipal, del PP, fijó que los primeros edificios en pasar la inspección debían ser aquellos que figuran en el Catálogo de Elementos Protegidos tanto por sus características propias como por configurar un conjunto armónico representativo de determinada época o estilo. Componen ese catálogo de edificios protegidos un total de 18.000 inmuebles.

Todos ellos tenían que haber revisado el estado en que se encuentran la fachada, azoteas, canalizaciones, fontanería, estructuras y cimentación en un plazo que se estableció entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000. Pero ya cuando se puso en marcha esa medida los grupos de la oposición municipal (PSOE e Izquierda Unida) anunciaron que la ITV de las casas nacía con insuficiencia de medios técnicos y escasa información a la población. A ello se sumaba que los edificios protegidos suelen estar habitados por personas mayores con escasos recursos económicos para hacer frente no sólo a los costes de la inspección, sino también a las reparaciones que se pueden derivar de la misma. Se trataba, a juicio de Matilde Fernández, portavoz socialista, y Justo Calcerrada, portavoz de IU, de un 'fracaso anunciado'.

La respuesta a la inspección técnica fue tan escasa -sólo 925 edificios de los 18.000 pasaron ese trámite antes de diciembre de 2000-, que el gobierno municipal concedió una tregua a los inmuebles protegidos y les amplió el plazo hasta el primer semestre del presente año. Rechazó, en cambio, una propuesta que defendió la socialista Matilde Fernández para que se ayude a pagar las obras de mejora a los vecinos más necesitados.

Derrumbes

La dificultad para abordar esos costes que supone la inspección siguió actuando como un freno hasta que el pasado marzo se derrumbaron dos edificios en la calle de Gaztambide (Chamberí) y del Factor (Centro). Ninguno de ellos había pasado la ITE y aunque el Ayuntamiento vinculó esos siniestros con las obras que se realizaban en los inmuebles, estos accidentes pusieron de manifiesto que, al igual que los coches, las casas deben revisarse periódicamente. En medio de la polémica que rodeó aquellos siniestros -en los derrumbes murieron tres personas-, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, reconoció que, hasta el 13 de marzo, sólo 4.000 de los 18.000 edificios obligados a ello estaban tramitando la ITE. Del Río reconoció que esa medida no se estaba desarrollando conforme a los plazos previstos, pero rechazó las críticas de insuficiencia de medios que realizaron PSOE e IU. El edil achacó el fracaso a que la inspección técnica supone una 'nueva cultura' inmobiliaria que aún no ha calado entre los ciudadanos.

Actas revisadas

Desde el pasado marzo, el número de expedientes abiertos en los servicios de la ITE ha subido a 5.182, según datos facilitados el pasado viernes por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pero hay que señalar que sólo en 3.510 de esos inmuebles se ha realizado ya la inspección. En otros 1.672 casos los dueños han pedido exención del trámite o realizado consultas previas, pero están todavía pendientes de concluir la tramitación.

La cifra de actas revisadas (3.510) incluye, además, 77 actas presentadas antes de plazo y otros 159 inmuebles que corresponden al calendario establecido inicialmente para este año (edificios del centro histórico y cascos periféricos que hayan cumplido 20 años). Eso reduce a 4.946 el total de expedientes que afectan a inmuebles protegidos. Quedan, por tanto, más de 13.000 edificios catalogados de los que se desconoce totalmente en qué estado se encuentran. 'Cualquier requisito de la administracción nunca se cumple al 100% y la gente suele esperar a los últimos días para dar el acelerón final. A partir de julio, requeriremos a los propietarios para que realicen la inspección en los tres meses de prórroga que establece la normativa. Transcurridos esos tres meses [octubre] el Ayuntamiento multará a los que aún sigan sin realizar la ITE', explica Luis Armada, gerente de urbanismo.

Justo Calcerrada, de IU, no se muestra partidario de que el Consistorio conceda nuevas prórrogas: 'No es un problema de ampliación de plazo, porque eso lleva a que la gente espere a última hora, confiada en que se les va a ampliar el plazo. El problema es de falta de recursos e inspectores'.

Matilde Fernández, por su parte, considera necesario que se abra un nuevo plazo. 'Se necesita más tiempo y ayudas económicas para que los dueños no tengan miedo de no poder afrontar las mejoras', concluye la portavoz socialista.