Ocho autonomías plantan a la ministra por la nueva Ley de Formación Profesional

Los directores generales y viceconsejeros de ocho comunidades (Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, el País Vasco y Cataluña) abandonaron la reunión del Consejo General de la FP por considerar que su presencia era 'inútil' dado que no se les había 'permitido participar' en la elaboración del texto que se les estaba presentando. Pero, sobre todo, la queja principal fue la 'falta de respeto a sus competencias que se desprende del texto de la ley en varios de sus puntos'.

Respecto al contenido de la ley, aparte de la creación de centros 'de referencia' (que serán financiados mediante convenios entre las comunidades y el Gobierno), establece la creación de 'centros integrados' (en los que se impartirán las tres FP: reglada, ocupacional y continua), así como la creación de un sistema de cualificaciones que permitirá reconocer la experiencia laboral y la formación continua y ocupacional mediante una acreditación.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, que presidió la reunión, manifestó posteriormente su disposición de diálogo con las comunidades que abandonaron la sala y su esperanza de retomar el diálogo en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará el próximo martes. CC OO y UGT no mostraron quejas sobre procedimiento seguido, aunque sí mostraron reticencias sobre la creación de una red estatal de centros de referencia.

Según el viceconsejero de Educación del País Vasco, Alfonso Unceta, su comunidad 'ha enviado al ministerio informes en cuatro ocasiones durante los últimos meses con la idea de colaborar en la redacción del proyecto'. Y el resultado ha sido, según Unceta, que 'han sido en lo sustancial desoídos'. 'El proyecto presentado no es tan siquiera respetuoso con las directrices emanadas del II Plan de la FP y mucho menos con nuestras sugerencias', añade.

Para la directora general de FP de la Generalitat de Cataluña, María Rosa Fortuny, 'se trata de un tema de competencia'. 'El texto vulnera las competencias autonómicas que establece el Estatuto de Cataluña', dijo Fortuny, que considera que hay 'un defecto en el procedimiento inicial', aunque matiza que su comunidad sigue dispuesta a negociar.

Según la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce, el texto es además 'inútil porque no tiene consenso' y 'anticuado'.

Éstas son las principales quejas de las comunidades que han dado plantón al Gobierno:

-Procedimiento. Según las comunidades, 'no han convocado a los consejeros (la Conferencia Sectorial de Educación) para debatir el proyecto antes de elaborarlo'.

-Invasión de las competencias autonómicas. Dicen que 'es inaceptable' que el texto caiga en el olvido de la existencia de comunidades con competencias en educación: 'Impone a las comunidades un modelo no pactado para que lo gestionen ellas'.

-Indefinición del modelo de FP. Aseguran que 'no se dice cuáles son los objetivos de los tres tipos de FP (reglada, ocupacional y continua)'.

-Carece de marco financiero estable. Las comunidades ven esencial que se especifique qué va a pasar en el futuro con los fondos europeos, de los que es posible que desaparezcan diversas partidas, que son los que básicamente financian los programas de FP en España.

-Falta de garantías para crear cualificaciones según las necesidades. Los representantes de estos territorios se quejan de que 'en la ley no se da garantías a las comunidades para que creen sus propias cualificaciones en función de sus necesidades específicas, algo importantísimo en la FP para formar a los profesionales de los sectores de los que esté mas necesitados cada comunidad'.

-Centralismo y uniformismo. Acusan además al Gobierno de 'centralismo' al crear una Red de Centros de Referencia sin consenso. Consideran que para crear un centro en una comunidad debe existir el acuerdo previo con ésta. Dicen que el Ejecutivo 'quiere crear un espacio de FP único en el Estado', algo 'imposible y que atenta gravemente contra las competencias de las comunidades autónomas'.

-Conflicto entre Educación y Trabajo. No soluciona el histórico conflicto entre las competencias que tendrán el Ministerio de Educación y el Trabajo, 'lo que puede plantear graves problemas en su aplicación'.