Los promotores de la central energética de Amorebieta esperan tener para finales de año el apoyo del vecindario

Los promotores de la central energética de ciclo combinado de Amorebieta esperan contar con la opinión favorable de los vecinos para finales de este año y presentar en esas fechas el proyecto urbanístico al Ayuntamiento de la localidad vizcaína. 'No hay ninguna razón lógica, técnica, ni medioambiental para decir no', aseguró ayer el director del proyecto, Philip Clarke.

ESB, la empresa pública irlandesa promotora del proyecto, no avanzará en los trámites de la planta -de 65.000 millones de inversión y el tercer proyecto energético en Vizcaya junto a los previstos en el Puerto de Bilbao- hasta cambiar el fuerte rechazo social que ahora suscita. La última manifestación en contra de la central congregó a más de la mitad de la población de Amorebieta, una localidad de unos 16.000 habitantes.

'La cultura de nuestra compañía no es establecer una fábrica con un futuro de 25 años en un pueblo hostil. Estaríamos buscandonos 25 años de problemas', resumió Clarke en un encuentro con periodistas.

Los responsables del proyecto, que barajan iniciar las obras el primer trimestre de 2002, explicaron la marcha de la campaña informativa emprendida en febrero para convencer a los vecinos. Además de la edición mensual de una publicación y la existencia de una línea 900 para atender consultas, ESB ha editado un vídeo explicativo de la planta y repartirá diferentes folletos. Censuraron a la plataforma Zornotza Bizirik, creada para oponerse a la central, por 'crear la imagen de una pesadilla' y calificaron de 'mentiras' la acusación de que la planta producirá dioxinas y furanos y el dato de que recibirán 25.000 millones de pesetas de ayudas públicas.

El director del proyecto dijo que, desde el inicio de la campaña, aprecian 'un cambio de actitud de los vecinos y muchos ya saben que la central no va a contaminar'. Aseguró que los partidos locales, con los que han mantenido contactos estos meses, les han comunicado que se oponen al proyecto 'por razones políticas y no medioambientales'. Clarke insistió en los beneficios económicos para el municipio.