El rector de Zaragoza dice que desde noviembre no cede datos de alumnos

Al conocer la información publicada ayer por EL PAÍS sobre la venta de datos personales de sus estudiantes, la Universidad de Zaragoza convocó una urgente conferencia de prensa, en la que su máximo responsable aseguró: 'Este rector prohibió expresamente proporcionar datos de los estudiantes; lo prohibió taxativamente y no se ha proporcionado ninguno más'. Pétriz hizo esta prohibición en noviembre último, cuando conoció que la APD investigaba, a raíz de una denuncia de dos alumnos.

El rector negó que los conceptos por los que se cobraba a las empresas supusiesen una venta de datos. Lo explicó así: 'Lo que entendió la Universidad es que para proporcionar esos datos -con el consentimiento de los alumnos- a las empresas, había que realizar un trabajo añadido, y por tanto se cobraba ese trabajo'.

Ese esfuerzo se cifra en gastos de material y horas, pero la cantidad ingresada en 1999, un millón y medio de pesetas, se depositaba en la caja de la Universidad directamente. Pétriz reconoció que a las empresas se les cobraba entre 15.000 y 30.000 pesetas.

El rector de Zaragoza anunció que se va a investigar qué ocurrió con la alumna -una de los dos denunciantes- que rellenó con un 'no' la casilla en la que se le preguntaba si estaba dispuesta a que se proporcionase su dirección a las empresas. Admitió que, aunque exista un control de quién proporciona los datos -el Centro de Cálculo de la Universidad-, es posible que haya algún agujero en el sistema.

En cualquier caso, Pétriz no negó la cesión de los datos, como hizo Juan José Badiola, durante cuyo mandato se produjeron los hechos que dieron pie a la denuncia (véase EL PAÍS de ayer). El actual rector sólo matizó que el cobro era una forma de amortizar un trabajo extra.

Consentimiento necesario

En cambio, Pétriz no admitió que se careciera del consentimiento de los alumnos, como da por probado la resolución de la APD. El rector se remitió a las hojas que rellenan los alumnos al matricularse, en las que se les pregunta si autorizan a la universidad para que proporcione su 'dirección' a las empresas, y admitió que la pregunta podía no ser suficientemente clara. Por el contrario, la APD estima que, incluso en los casos de respuestas afirmativas, no existe consentimiento de los alumnos para 'facilitar datos identificativos de sus estudios (centro, titulación, etcétera)' y menos aún de otros a recibir con el recargo del 20%.

Así pues, aunque en 1999, según Pétriz, 5.780 alumnos negaron el consentimiento y 35.156 lo dieron, la interpretación que hace la APD es que ninguno lo dio para suministrar datos personales distintos de la dirección, por lo que la infracción muy grave de suministrar datos personales sin consentimiento del interesado afecta a todos los alumnos sobre los que se cedieron datos distintos de la mera dirección.

Precisamente ayer tarde, el colectivo estudiantil EDU (Estudiantes en Defensa de la Universidad) calificó los hechos como muy graves y recordó que habían solicitado en reiteradas ocasiones información sobre el proceso y siempre se les había negado. EDU anunció que planteará las reclamaciones que procedan.