Amnistía denuncia que 1.300 millones de personas sobreviven con 200 pesetas diarias

Más de ochenta países tenían en el año 2000 una renta per cápita inferior a la de 1990. Al menos 1.300 millones de personas luchan por sobrevivir con menos de un dólar al día (alrededor de 194 pesetas). La liberalización, la privatización y el desmantelamiento de los servicios de asistencia social han llevado a un incremento de las desigualdades en muchos países. En muchas zonas del mundo ha aumentado la corrupción, y la inseguridad personal, social y política se ha extendido. La consecuencia previsible y casi inevitable de este aumento de la pobreza ha sido una escalada paralela de las violaciones de todos los derechos humanos. El muro de Berlín puede haberse venido abajo, pero los muros de la pobreza, la intolerancia y la hipocresía aún siguen en pie.

Amnistía Internacional (AI) destaca en su informe presentado ayer en Madrid que 'la globalización no es una excusa para que los Estados eludan sus responsabilidades'. 'Muchos Estados afirman que se han visto obligados a adoptar una política económica que mina los derechos sociales, económicos y culturales. Pero ésta es una afirmación falsa, porque los gobiernos tienen poder suficiente para defender a sus ciudadanos frente a las acciones arbitrarias de empresas multinacionales o de la presión de instituciones económicas intergubernamentales'.

Para Amnistía, los gobiernos tienen muchas posibles vías de actuación. Pueden garantizar que los trabajadores estén protegidos de las peores formas de explotación. Pueden combatir la impunidad, el veneno que permite que las violaciones de derechos humanos se propaguen, se mantengan o se repitan.

Desde Afganistán a Zimbabue, AI expone en casi quinientas páginas los abusos de los derechos humanos cometidos en 149 países (sobre un total de 226 Estados soberanos). Ningún continente está libre de la violación de los derechos fundamentales. 'Los gobiernos han adoptado la retórica de los derechos humanos, pero muy pocos lo han convertido en realidad', declara el informe. Desde la detención arbitraria a la tortura, pasando por el homicidio legal, ningún país, incluidos desarrollados o democráticos, queda libre de culpa a la hora de respetar los derechos del hombre.