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INFORME ANUAL

AI exige que la lucha contra el terrorismo no desplace a los derechos humanos

La organización constata el empeoramiento de las crisis de Oriente Próximo, Afganistán y Colombia y denuncia la situación de los presos de Guantánamo

Amnistía Internacional (AI), en su Informe 2002, ha exigido que la urgencia por mejorar la seguridad ciudadana ante la amenaza terrorista plasmada en el 11-S no exima del cumplimiento de los derechos humanos. Para AI, han empeorado durante 2001 el desprecio a la vida humana en general y las crisis en Oriente Próximo, Afganistán y Colombia en particular.

En el documento, Amnistía documenta ejecuciones extrajudiciales en 47 países; ejecuciones judiciales, en 27; "desapariciones", en 35; casos de tortura y malos tratos, en 111, y presos de conciencia, en al menos 56 naciones.

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Los terribles sucesos del 11 de septiembre, añade, fueron un delito contra la humanidad que conmocionó y cambió al mundo. Sin embargo, varios gobiernos se subieron al "tren" del antiterrorismo y aprovecharon el momento para aumentar la represión, socavar la protección de los derechos humanos y reprimir la disidencia política, subraya el documento.

El "doble rasero" internacional

"La universalidad de los derechos humanos se enfrenta con su mayor reto. El doble rasero y el enfoque selectivo se están convirtiendo en norma", ha señalado hoy en Londres Irene Khan, secretaria general de AI.

En nombre de la seguridad, varios países se apresuraron a aprobar leyes y otras medidas "antiterroristas", como la detención indefinida sin juicio, mientras que aumentó la renuencia de los gobiernos a criticar la política interna de los demás, añade AI.

"La seguridad no puede ni debe tener preferencia sobre los derechos humanos. El mayor peligro para éstos se produce cuando se permite que los intereses políticos y económicos guíen el programa de trabajo sobre derechos humanos", ha puntualizado Khan.

Normas legales internacionales que han estado en vigor durante décadas, como los Convenios de Ginebra, se pusieron en tela de juicio durante el conflicto de Afganistán. El trato recibido por los detenidos en Guantánamo, apunta la organización, parece haber inducido a algunos gobiernos a creer que tratar de forma inhumana a los presos es aceptable.

En este contexto, el racismo ha cobrado fuerza, estimulado por políticos más preocupados por su popularidad que por el respeto a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Algunos países viven un clima de sospecha y desconfianza hacia los extranjeros, a los que a menudo se implica en el fenómeno terrorista, añade la organización.

Ataques antisemitas

"Como secuela de la crisis de Oriente Próximo, surgieron ataques racistas y antisemitas contra árabes y judíos, provocados por la intolerancia hacia las diferencias religiosas, raciales, culturales y nacionales", puntualiza el informe.

En Israel y los Territorios Ocupados, continuaron tanto los homicidios ilegítimos -cometidos tanto por las Fuerzas Armadas israelíes como por los grupos armados palestinos-, como la tortura de los detenidos y los juicios sin garantías, añade el documento.

Amnistía también dice que a cientos de miles de refugiados que huían de conflictos y de abusos contra los derechos humanos se les negó la entrada a países vecinos, mientras que fue vulnerado el derecho de los solicitantes de asilo a que su caso fuera examinado, a pesar de que en todo el mundo se celebró el quincuagésimo aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU.

En cuanto a los restos de la globalización, "que aumenta la riqueza de unos y la miseria y la desesperación de otros", los activistas de derechos humanos no sólo deben promover la justicia legal, sino también la social. "Un enfoque ético de la globalización debe consistir como mínimo en un planteamiento del desarrollo basado en los derechos", ha señalado Irene Khan.

La presidenta de la sección española de Amnistía Internacional y el ex preso de conciencia chino Wang Ce, en la presentación hoy del Informe anual 2002 de AI.
La presidenta de la sección española de Amnistía Internacional y el ex preso de conciencia chino Wang Ce, en la presentación hoy del Informe anual 2002 de AI.EFE

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