La Generalitat tendrá el 40% de la Agencia Tributaria

El pasado viernes se reunió el denominado comité de financiación catalán, un órgano que aglutina a los dirigentes de Convergència i Unió (CiU) involucrados en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica para el quinquenio 2002-2006. En la reunión, según informaron fuentes de la coalición nacionalista, el consejero de Economía, Francesc Homs, se mostró muy optimista respecto al avance de las conversaciones con el Gobierno central y al grueso de demandas que, tras el acuerdo, quedarán, en su opinión, satisfechas. Un optimismo, no obstante, que otros pusieron en cuarentena.

Homs informó del borrador de pacto sobre la gestión de la Agencia Tributaria en Cataluña, que el lunes confirmó desde Madrid el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posadas. Una vez que CiU ha renunciado a la transferencia total de la Agencia Tributaria a la Generalitat, el nuevo sistema se concretaría en una gestión conjunta en la que el Gobierno central tendría el 60% de los miembros del consejo de dirección y el 40% el Ejecutivo catalán. También se unificarían los servicios de inspección; se interconectarían las redes informáticas de ambas administraciones y se transferiría parte del personal funcionario. En un principio, Convergència i Unió apostaba por que la gestión de este organismo fuera paritaria.

Posadas manifestó el lunes que el Gobierno del Partido Popular no considera que tenga que existir una Agencia Tributaria por comunidad autónoma, sino una participación de cada región en este organismo estatal.

Fuentes de CiU manifestaron ayer que, aunque existe un principio de acuerdo con el PP, desde el Partido Socialista se ve con reticencias esta doble gestión de la Agencia Tributaria, sobre todo por la oposición de algunas comunidades autónomas gobernadas por este partido. Este extremo no pudo ser contrastado por fuentes del PSOE.

Impuestos especiales

El acuerdo, que debe concluir antes de finales de septiembre, cuando se presenten en el Congreso los Presupuestos Generales para 2002, también prevé la cesión a la Generalitat de entre el 40 y el 50% de los impuestos especiales que gravan el alcohol, el tabaco y las gasolinas. De momento, hay un compromiso sobre los dos primeros. En ambos el Gobierno catalán dispondría de capacidad normativa.

Respecto al impuesto de matriculación de vehículos, el PP se opone a que las comunidades autónomas ganen competencias legislativas para así poder variar los tipos, porque ello desencadenaría una 'guerra' entre regiones. Fuentes de la coalición nacionalista también comentaron que las empresas automovilísticas son las que ponen más reticencias a que los Gobiernos autónomos puedan legislar sobre esta materia.

La estrategia de CiU se centra ahora en conseguir capacidad normativa respecto al impuesto de matriculación de vehículos pero a partir de un gravamen mínimo que fijaría el Gobierno central.

Los nacionalistas catalanes intentan ahora compensar a través de la recaudación de los impuestos especiales el rechazo con el que se han topado en lo que se refiere a la cesión del Impuesto de Sociedades -que grava los beneficios de las empresas- y que el Gobierno central considera no territorializable. El 62% de la recaudación del Estado por este impuesto se genera en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña.

Respecto al IRPF y al IVA, el Ejecutivo de José María Aznar negocia la cesión a las autonomías entre el 40 y el 50%. El principal escollo de las negociaciones reside ahora en la incorporación de la financiación sanitaria al nuevo modelo.