El Gobierno reúne sus programas sociales en un plan contra la exclusión

En España hay un 18,5% de personas en la pobreza: es decir, con ingresos por debajo del 60% de la media. En Europa un 17% de la población vive en esa situación, según datos de 1995 de la Unión Europea. Pero el drama es el crecimiento de la exclusión social, que no sólo implica pobreza económica, sino todo tipo de problemas de acceso a vivienda, a educación, a salud...

Un informe de Cáritas del año pasado cifraba en 20.000 las personas que viven en la calle y comen de la caridad en España. El perfil de esas personas ha cambiado en España en el último decenio: antes la mayoría de los acogidos en albergues eran hombres de unos 40 años y alcohólicos, y ahora son mujeres, jóvenes e inmigrantes. La creciente feminización y juvenilización de la pobreza ha sido denunciada por diversos colectivos.

Peticiones de Cáritas

Uno de ellos, Cáritas, instó la semana pasada al Gobierno a presentar una ley de Rentas Mínimas y otra de Empresas de Inserción para paliar la exclusión y la pobreza. El Plan aprobado ayer menciona como 'necesario' un 'conjunto de medidas' en ese sentido, como elaborar criterios básicos para las rentas mínimas de inserción, pero no habla de preparar leyes concretas. Cáritas declinó ayer valorar el Plan, hasta conocer 'el texto definitivo'.

Los objetivos del Plan, que tendrá dos años de vigencia, son: fomento del acceso al empleo y a la vivienda, salud, educación y servicios sociales, prevención de los riesgos de exclusión, actuación a favor de los más vulnerables y movilización.

El Gobierno anuncia bonificaciones para las empresas que contraten a personas 'en situación o riesgo de exclusión social'. También afirma que incentivará la ampliación de los servicios sociales de las Administraciones Públicas, 'priorizando la contratación de colectivos desfavorecidos'. El Plan incluye la promoción de viviendas para colectivos desfavorecidos, la prevención del fracaso escolar, la conexión a Internet de los centros educativos, el apoyo a las familias con personas enfermas o ancianas o discapacitadas, y programas para la inserción, escolarización y lucha contra la marginalidad de la población inmigrante.

La iniciativa gubernamental presenta como 'nueva forma de trabajar' por parte de las Administraciones su coordinación con la iniciativa privada. Se apela a la 'movilización social', protagonizada por las ONG, las empresas, los sindicatos y las estructuras de la sociedad civil. También se destaca como prioritario el 'compromiso' de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias para realizar en el periodo 2001-2003 planes de acción para la inclusión 'en todas y cada una de las Comunidades Autónomas y Planes Municipales Integrales'. Las medidas del Plan serán supervisadas por una Unidad de Seguimiento, 'liderada' por el Ministerio de la Presidencia.

Para la secretaria de Políticas Sociales e Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, el Plan supone sólo el 'obligado cumplimiento' del calendario de la Unión Europea. Rumí, que calificó la iniciativa de 'insuficiente', acusó al Gobierno de presentar 'como propias' las políticas autonómicas. 'Es un nuevo ejemplo de la faceta más gris y mediocre del Ejecutivo', concluyó la responsable socialista.

Según UGT, el presupuesto del Plan 'no es más que una extrapolación' de los aprobados para el 2001. El sindicato recordó que España ocupa el penúltimo lugar de Europa en protección social'.